“Resulta extremadamente preocupante que el gobierno impulse leyes con un impacto directo en el empleo”

En el Sindicato de Estibadores, representantes de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca); de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); junto a transportistas y trabajadores portuarios analizaron los efectos directos del proyecto de Ley de Fraccionamiento.

La iniciativa, que actualmente se discute en el Senado y tendrá discusión inmediata en enero, según confirmó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, propone redistribuir la cuota pesquera actual.

“Resulta extremadamente preocupante que el gobierno impulse leyes con un impacto directo en el empleo. Si este proyecto avanza en los términos actuales, las consecuencias serán inmediatas para quienes dependen de esta actividad. Contradice el principio de que “la pesca sea para el que pesque”, ya que habrá pescado sin capturar, lo que implica menos actividad económica. Además, existe el riesgo de trasladar pesca desde esta región hacia otras zonas, lo cual es un aspecto que debe corregirse porque provocará perjuicios a la gente de Magallanes”, afirmó el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval.

En la misma línea, Salvador Harambour, presidente regional de la CPC, puntualizó que “habrá menos barcos pesqueros, menos desembarques, menos transportes y menos abastecimientos de naves. Esto afecta a toda una cadena. Actualmente, hay seis o siete barcos pesqueros recalando en el puerto, pero con esta ley, dos o tres de ellos dejarán de operar. También afecta el transporte, la cadena logística y el abastecimiento en general. No estamos hablando solo de afectar a unos cuantos activadores, sino que el impacto es mucho mayor, afectando a toda la región. Es crucial visibilizar esta situación”.

Por su parte, Enzo Olave, presidente del Sindicato Portuarios Unidos Punta Arenas, comentó que “como trabajadores de la región, esto afecta a muchas personas, incluyendo al sector portuario, al área de transporte, lo cual ya se ha dado a conocer. Las empresas de servicios también se verían impactadas”.

“Vamos a tener menos trabajo, habrá menos actividad en el puerto y eso afecta a los negocios, incluso a la señora Juanita que vende el pan. Por eso nos estamos uniendo, para ser escuchados por el Gobierno central, y ojalá podamos llegar a un buen acuerdo”, puntualizó Delgado, representante del transporte portuario.