Contraloría realizó observaciones por gastos y procedimientos en municipio de Torres del Paine

Un informe de auditoría emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena detectó una serie de eventuales irregularidades en la gestión de la Municipalidad de Torres del Paine durante el año 2024, varias de las cuales no fueron mencionadas en la reciente cuenta pública presentada por la alcaldesa Anahí Cárdenas.

El documento, identificado como Informe Final N.º 792/2024, evaluó el uso de recursos municipales entre enero y septiembre del año pasado, incluyendo gastos en personal, bienes y servicios de consumo, así como transferencias a privados. La Contraloría formuló reparos por gastos asociados a celebraciones municipales, como el Día de la Familia y el Día del Trabajador, por montos de $5.000.000 y $7.500.000 respectivamente, señalando que “no constituye una festividad que, en sí, esté enmarcada en alguna función municipal propiamente tal” y que “el servicio se destinó a un segmento específico y no consideró a toda la comunidad”.

Además, se observó que se contrataron profesionales bajo la modalidad de honorarios para realizar funciones habituales del municipio, contraviniendo la normativa vigente. El dictamen señala que “la contratación de profesionales para la realización de labores no accidentales (…) debe corresponder a servicios personales (…) y que se rigen por lo dispuesto en la ley N.º 18.883, imputándose al subtítulo 21”.

En cuanto al uso de vehículos fiscales, la Contraloría advirtió la circulación de móviles municipales durante fines de semana sin autorización formal, lo cual infringe el decreto ley N.º 799 de 1974. “Se constató la utilización de vehículos municipales durante el fin de semana sin autorización formal, lo que vulneró el artículo 1° del decreto ley N.º 799 (…) debiendo la Municipalidad (…) dar estricto cumplimiento a la normativa”, se indica en el informe.

Otro punto relevante fue el exceso en el consumo de combustible del vehículo asignado a la alcaldesa, que en mayo y julio superó el límite mensual de 300 litros establecido por ley. Pese a que el municipio comprometió la adopción de medidas correctivas, la observación fue mantenida por tratarse de un hecho consolidado.

Asimismo, se advirtió la falta de formalización de cometidos funcionarios, ausencia de registro horario de la alcaldesa durante gran parte del periodo fiscalizado y omisiones en la bitácora de consumo de combustible de varios vehículos municipales, todos elementos considerados como vulneraciones a los principios de control y probidad administrativa.

Cabe destacar que ninguno de estos puntos fue abordado en la cuenta pública rendida por la jefa comunal el pasado mes de abril, instancia en la que se destacaron principalmente cifras de inversión en infraestructura habitacional, salud y cultura. En dicha exposición, se resaltó “la gran inversión por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo” y se enumeraron montos ejecutados por área, sin referirse a las observaciones del órgano contralor.

La Contraloría concluyó su informe señalando que, si bien algunas acciones correctivas fueron iniciadas, varias observaciones se mantienen “por tratarse de hechos consolidados no susceptibles de regularización”, formulando recomendaciones específicas para subsanar estas situaciones en el futuro y cumplir con el marco normativo vigente.

Puede acceder al informe completo AQUÍ