Dos colombianos arrestados con 17 kilos de marihuana ocultos en una secadora

En un operativo reciente, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a dos ciudadanos colombianos acusados de tráfico ilícito de drogas. Los individuos, identificados solo por sus iniciales K.S.M.P y D.M.G, fueron formalizados ayer, tras ser aprehendidos el lunes mientras retiraban una encomienda sospechosa que contenía una secadora con 17 kilos de marihuana ocultos en su interior.

La detención se produjo en el contexto de una investigación más amplia que ha resultado en la incautación de 35 kilos de drogas, tanto cocaína como marihuana, valoradas en aproximadamente 500 millones de pesos. La captura de estos dos individuos sigue un patrón similar al de un operativo realizado el 6 de julio, donde un venezolano y otro colombiano fueron detenidos al intentar retirar una lavadora que contenía 6,5 kilos de clorhidrato de cocaína.

El fiscal de turno, Cristián Opazo Aguilera, destacó que los narcotraficantes están cambiando constantemente sus métodos para transportar drogas, utilizando ahora electrodomésticos y artefactos de línea blanca para ocultar las sustancias ilícitas. El 12 de julio, un perro detector de drogas marcó una caja que contenía una cocina con 7 kilos de clorhidrato de cocaína en su interior, lo que llevó a las autoridades a relacionar esta incautación con el caso de la secadora.

El arresto del lunes se concretó después de que los colombianos contrataran un flete para retirar la secadora de la bodega. Un camión Hyundai Porter llegó al lugar y, tras ser abordado por un detective que se hizo pasar por peoneta, se dirigió a un domicilio en la calle Luis Uribe. Al mediodía, un Mazda Demio llegó con los dos sospechosos, quienes fueron arrestados al recibir la encomienda.

En la audiencia de control, el juez Cristián Armijo ordenó prisión preventiva para uno de los detenidos y arresto domiciliario total para el segundo, además de imponer arraigo regional. Sin embargo, el fiscal Opazo apeló la decisión, buscando que la Corte de Apelaciones revise la medida. La defensora penal pública, Karina Ulloa, cuestionó la legalidad de la detención y la claridad de los vínculos de sus representados con el delito, esperando que la corte se pronuncie al respecto.