Buscan a imputado por violentos robos tras fuga desde recinto asistencial en Punta Arenas

Una intensa búsqueda policial se mantenía al cierre de esta jornada en Punta Arenas para dar con el paradero de G.A.M., imputado por dos violentos robos que afectaron a mujeres en distintos puntos de la ciudad y que, tras ser detenido, terminó fugándose desde un recinto asistencial al que había sido derivado por orden judicial. El caso generó alta preocupación pública debido a la gravedad de los hechos investigados, al nivel de violencia atribuido al sujeto y a la posterior vulneración del control institucional que permitió su escape pocas horas después de concretada su aprehensión.

De acuerdo con los antecedentes conocidos en la audiencia respectiva, el imputado fue detenido luego de ser sindicado como autor de dos ataques ocurridos durante la mañana del 3 de abril en el sector céntrico de Punta Arenas. En uno de ellos, la víctima fue una madre que se desplazaba con su bebé, mientras que en el segundo caso se trató de una adulta mayor de 62 años, a quien habría agredido con fuerza para sustraerle sus especies. Los antecedentes expuestos en sede judicial daban cuenta de un patrón de violencia particularmente alarmante, con víctimas que resultaron lesionadas y afectadas emocionalmente tras los hechos.

A partir de la revisión judicial, el tribunal resolvió acoger la solicitud de la defensa en orden a que el imputado fuera sometido a una evaluación vinculada a su estado de salud mental, disponiendo su internación provisoria en la Unidad de Psiquiatría mientras se desarrollaban diligencias del proceso. Sin embargo, la ejecución de esa medida no pudo concretarse en los términos inicialmente dispuestos, debido a la falta de cupos en dicha unidad clínica. Esa situación derivó en que el imputado fuera trasladado a otra dependencia del hospital, donde finalmente logró escapar a las pocas horas de su ingreso, reabriendo de inmediato la preocupación por el riesgo para la comunidad.

La fuga encendió una nueva fase operativa por parte de la Policía de Investigaciones, especialmente a través de la Brigada Investigadora de Robos. El subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO en Punta Arenas, había detallado previamente el trabajo de “fijación fotográfica y reconocimiento de las víctimas” realizado por personal especializado, diligencias que permitieron avanzar en la individualización y posterior captura del imputado antes de que quedara nuevamente fuera de control. Tras la evasión, los esfuerzos se concentraron en reactivar los patrullajes, el levantamiento de antecedentes y la coordinación de nuevas acciones orientadas a su recaptura.

El caso no solo reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta institucional frente a imputados de alta peligrosidad, sino también sobre la coordinación entre sistema judicial, red asistencial y policías cuando existen medidas cautelares asociadas a salud mental y no se dispone de capacidad hospitalaria suficiente. La inexistencia de cupos en la unidad especializada aparece como un factor crítico en la secuencia posterior, al obligar una solución transitoria que terminó siendo vulnerada con facilidad.

Mientras continúan las diligencias para ubicar al imputado, la causa mantiene en alerta a los organismos persecutores y policiales, considerando que se trata de un sujeto formalizado por hechos de violencia cometidos contra víctimas particularmente vulnerables. La prioridad operativa sigue siendo su pronta recaptura, en medio de cuestionamientos por la cadena de decisiones y resguardos que no lograron impedir que, tras una detención considerada relevante para la seguridad pública, el imputado volviera a quedar prófugo en la capital regional.