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Fiscalía y PDI investigan fallecimiento de adolescente bajo protección del Estado en Punta Arenas
El Ministerio Público confirmó el fallecimiento de una adolescente de 17 años que se encontraba bajo protección del Estado, hecho ocurrido el jueves 5 de febrero en la ciudad de Punta Arenas. La joven, quien pertenecía a una residencia de menores y se encontraba en una condición de alta vulnerabilidad, fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde finalmente se constató su deceso.
Tras el hecho, la Fiscalía Regional de Magallanes instruyó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, junto con la aplicación del Protocolo de Minnesota, estándar internacional utilizado para investigar muertes potencialmente ilícitas, especialmente cuando existe participación o responsabilidad del Estado. El objetivo es esclarecer de manera rigurosa las circunstancias y causas del fallecimiento.
Desde el Ministerio Público se indicó que la investigación se desarrolla con carácter reservado, considerando la edad de la víctima y el contexto en que ocurrió el hecho. En ese marco, se ordenaron peritajes especializados, la recopilación de antecedentes médicos y la toma de declaraciones a funcionarios y personas vinculadas al cuidado de la adolescente, además de la revisión de protocolos y registros institucionales.
La autopsia fue realizada por el Servicio Médico Legal, conforme a la normativa vigente, y sus resultados serán incorporados a la carpeta investigativa una vez concluidos los análisis técnicos correspondientes. Hasta ahora, no se ha informado públicamente una causa específica de muerte, a la espera de los informes periciales definitivos.
El caso ha reabierto el debate público sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, particularmente respecto de los mecanismos de supervisión, prevención y respuesta ante situaciones de riesgo. Desde la Fiscalía se recalcó que no se descarta ninguna línea investigativa y que se determinarán eventuales responsabilidades administrativas o penales si así lo establecen los antecedentes.
Las diligencias continúan en desarrollo y se espera que, una vez concluidas las pericias y evaluados todos los informes, el Ministerio Público pueda entregar conclusiones preliminares sobre este hecho que ha generado profunda conmoción en la comunidad regional.




