Corte Suprema confirma destitución de funcionarios de Salud por uso indebido de licencias médicas

La Corte Suprema ratificó la destitución de exfuncionarios del ámbito de la salud municipal en Punta Arenas, sancionados tras comprobarse que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. La resolución del máximo tribunal cerró de manera definitiva un proceso administrativo y judicial que se extendió por varios meses, validando la proporcionalidad de las sanciones aplicadas y descartando vulneraciones al debido proceso.

Según los antecedentes del caso, los funcionarios desempeñaban labores en el Cesfam Mateo Bencur y fueron investigados luego de detectarse salidas del país durante períodos en los que contaban con reposo médico autorizado. Los sumarios administrativos concluyeron que estas conductas constituían un incumplimiento grave de los deberes funcionarios, al desnaturalizar el objetivo de la licencia médica y afectar la confianza pública en el sistema de salud.

El fallo del máximo tribunal respaldó las decisiones previamente adoptadas por instancias judiciales regionales, señalando que la administración actuó dentro del marco legal y que la sanción de destitución resultaba coherente con la gravedad de los hechos acreditados. Asimismo, se desestimaron los argumentos de las defensas que apuntaban a una supuesta desproporción de la medida disciplinaria.

La resolución adquiere especial relevancia en un contexto donde a nivel nacional se han intensificado los controles y fiscalizaciones sobre el uso de licencias médicas en el sector público. El caso refuerza el criterio de que estos permisos deben responder exclusivamente a fines de recuperación de la salud, y no pueden ser utilizados para actividades incompatibles con el reposo prescrito.

Desde una perspectiva institucional, el fallo sienta un precedente relevante para la gestión pública, reafirmando que las irregularidades en el uso de licencias médicas pueden derivar en sanciones severas cuando se comprueba un uso indebido. La decisión también fortalece los procesos de control interno y la responsabilidad administrativa como pilares de la probidad en el servicio público.