Informe anual alerta alza preocupante de femicidios frustrados en Magallanes

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) publicó las cifras oficiales del Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), que dan cuenta de la magnitud de la violencia extrema contra las mujeres en Chile. A nivel nacional, durante el último período se registraron 44 femicidios consumados y más de 400 casos frustrados y tentados, cifras que mantienen la alerta sobre la persistencia de esta grave problemática.

En la Región de Magallanes, si bien no se contabilizaron femicidios consumados, los datos revelan una situación alarmante: 13 casos de femicidio frustrado en 2024, lo que representa una de las tasas más altas del país en relación con la población femenina. En comparación con el año 2023, cuando la región reportó cuatro casos de este tipo, el incremento es significativo y preocupante.

Frente a estas cifras, la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó el rol del trabajo coordinado entre las instituciones:

“Los datos del Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios refuerzan la relevancia del trabajo articulado que mantenemos con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, y las demás instituciones integrantes del CIF, con el objetivo de asegurar una respuesta integral y coordinada en Magallanes.
Gracias a la Ley Gabriela, que amplió el concepto de femicidio para incluir crímenes motivados por razones de género y relaciones sin convivencia, además de la figura de violación con femicidio, hoy es posible calificar adecuadamente la gravedad de los hechos y activar medidas de protección desde el primer minuto.
Además, SernamEG ha modernizado sus programas, que antes se centraban principalmente en la violencia en el contexto de pareja, para abarcar todas las formas de violencia de género. Con ello se busca disminuir la burocratización en el acceso, ampliar la cobertura y asegurar una reparación integral para las mujeres”.

El aumento de casos frustrados en Magallanes plantea un desafío urgente para el Estado y la sociedad civil: reforzar las redes de protección, ampliar las medidas preventivas y asegurar que las mujeres en riesgo accedan a una respuesta oportuna y efectiva.