Convenio mejorará acceso a la justicia en Tierra del Fuego

Con el propósito de fortalecer la cobertura de atención jurídica en la provincia de Tierra del Fuego, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y la Delegación Presidencial Provincial (DPP) suscribieron este lunes en Porvenir un convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad fueguina.

La ceremonia de firma se realizó en las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial y contó con la participación del delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; el delegado presidencial provincial, José Miguel Campos Prieto; el director regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola; y los alcaldes de las comunas de Porvenir, Timaukel y Primavera.

Según lo estipulado en el acuerdo, la DPP se compromete a proporcionar a la CAJ los medios logísticos —como pasajes aéreos y/o marítimos— para facilitar la cobertura de prestaciones profesionales a través de sus distintas líneas especializadas, como la Oficina de Defensa Laboral, la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores, el Programa Mi Abogado, la Línea de Niñez y Adolescencia, y los servicios de Mediación, entre otros. Por su parte, la CAJ se obliga a entregar todas las atenciones contempladas, incluyendo su participación en iniciativas territoriales como los operativos de Gobierno en Terreno.

El director regional de la CAJ, Alejandro Donatti, valoró la firma del convenio, señalando que permitirá aumentar en al menos un 50% la presencia de las oficinas especializadas en la provincia, con énfasis en las atenciones para adultos mayores y trabajadores. En tanto, el delegado presidencial provincial, José Miguel Campos, destacó que este acuerdo permitirá mejorar el acceso a la justicia para habitantes de sectores históricamente postergados, como Timaukel y Primavera.

Por su parte, la seremi Michelle Peutat subrayó que esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno por avanzar en la descentralización y garantizar una justicia con equidad territorial, acercando los servicios del Estado a todos los rincones de la región. El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, renovándose automáticamente por periodos sucesivos, salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario.