Director de Mejor Niñez enfrenta arresto nocturno por incumplimiento en caso de adolescente vulnerada

En Punta Arenas, una adolescente diagnosticada con trastornos de personalidad del clúster B permanece desde hace más de 80 días en la Unidad de Corta Estadía del Hospital Clínico sin recibir el tratamiento especializado que requiere. Pese a una orden judicial que obliga al Servicio de Protección Especializado a costear un tratamiento en una clínica privada en Santiago, debido a la inexistencia de un programa adecuado en la región, la resolución no ha sido cumplida. La adolescente sigue en un espacio no apto para su condición, sufriendo un deterioro físico y emocional, y enfrentando crisis que han puesto en riesgo su vida.

El Tribunal de Familia dictó la orden tras una evaluación psiquiátrica que recomendó un tratamiento residencial cerrado por al menos un año. Sin embargo, el Servicio de Protección Especializado ha apelado repetidamente, argumentando limitaciones legales y administrativas, lo que ha prolongado la situación. Según el programa “Mi Abogado”, que representa los intereses de la menor, estas acciones contradicen tanto las disposiciones del tribunal como la legislación chilena que garantiza los derechos de niños y adolescentes.

La situación también ha impactado profundamente a la familia de la adolescente. Su madre enfrenta complicaciones de salud derivadas del estrés y la preocupación constante, lo que ha agravado la situación económica del hogar. Mientras tanto, el estado de la menor sigue empeorando debido a la falta de tratamiento adecuado, evidenciando la urgencia de una solución efectiva.

Esta semana, específicamente el viernes 10 de enero, se llevó a cabo una nueva audiencia relacionada con el caso. En la instancia, el tribunal decretó la orden de arresto nocturno por cinco días en contra del director regional del Servicio de Protección Especializado, Erick Amigo Palacios. La medida responde al reiterado incumplimiento del servicio en el pago de las multas impuestas por no acatar la resolución judicial que ordena financiar el tratamiento especializado de la menor.

En tanto, la respuesta del Servicio de Protección Especializado se ha limitado a señalar que la orden judicial excede las atribuciones legales que posee para actuar en estos casos. En un comunicado reciente, la institución indicó que recurrirá nuevamente a instancias judiciales superiores, reiterando su compromiso de actuar dentro de los límites legales y administrativos establecidos​.

La falta de un tratamiento adecuado refleja un vacío crítico en la oferta de salud mental en la región, donde no existen centros especializados que puedan atender casos complejos como este. La ausencia de alternativas y el incumplimiento de las órdenes judiciales han dejado a la adolescente en un limbo, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales y cuestionando el sistema de protección infantil en el país.