Fotografía: Agencia Surpress

Fiscalía investiga arista que involucra a acaudalada familia en “trata” y explotación laboral

Hace semanas que en la Fiscalía de Punta Arenas se dirigen diligencias para reunir antecedentes que permitan establecer o descartar veracidad en un nuevo supuesto caso de trata de personas con fines de explotación laboral en la capital regional, antecedentes que apuntarían a una adinerada familia de comerciantes asiáticos radicados en Magallanes. Dicha investigación habría surgido de la toma de declaraciones que se realizaban en el marco la reabierta causa que tres jóvenes indonesias iniciaron contra otro comerciante de su misma nacionalidad por el mismo ilícito.

El pasado 8 de junio, y tras un largo periplo por diferentes instituciones, Layla, Eva y Yuli, tres jóvenes indonesias, lograron que el Ministerio Público reabriera la causa que en 2012 se había cerrado, por la denuncia de tráfico de inmigrantes con fines de explotación laboral que ellas habían hecho, luego que lograran escapar de las casas de los empleadores que, supuestamente en base a engaños y restricciones, las habrían traído a trabajar a Chile. Reabierto el caso, las diligencias recayeron en manos de la fiscal Rina Blanco, quien es ahora quien encabeza la investigación.

Durante el desarrollo de dicha causa, hace semanas que, en medio de la toma de una declaración, la fiscal Blanco recogió una nueva denuncia de trata de personas que estaría ocurriendo hoy en día en Punta Arenas, por lo que, dada la gravedad del asunto, informó a la fiscal titular de este tipo de casos, Wendoline Acuña.

Estos nuevos antecedentes apuntarían a que al menos una joven extranjera se encontraría trabajando en condiciones irregulares en el domicilio de una comerciante residente en Punta Arenas, miembro de una de las familias que también sale aludida en la investigación principal del caso.

Sobre la delicada materia, existe hermetismo, la fiscal Blanco sólo se limitó a confirmar a este medio que se derivaron los antecedentes de la denuncia al fiscal correspondiente, mientras que Acuña por su lado declinó referirse al tema.

Fuentes de El Magallánico revelaron también que, sobre la materia, tomó conocimiento la dirección regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), estando su equipo de abogados estudiando la posibilidad de tomar rol activo en ésta nueva arista. Cabe recordar que el INDH se hizo parte en la causa de Layla, Eva y Yuli, al interponer una acción judicial el pasado 8 de junio en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, querellándose por el delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas.

Por: Nicolás Ulloa García
prensa@elmagallánico.com

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