Pobladores exigen solución por la “toma”: Cansados de contaminación y problemas sanitarios

Un creciente clima de tensión se vive en el sector norponiente de Punta Arenas, donde vecinos de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez denuncian una compleja situación sanitaria y de seguridad asociada a la toma irregular Las Etnias y Lautaro. Los residentes aseguran que el asentamiento ha provocado escurrimiento de aguas servidas, malos olores, presencia de basura y un aumento de hechos delictuales, lo que ha deteriorado significativamente la calidad de vida del barrio.

La situación se arrastra desde hace varios años, pero en las últimas semanas alcanzó un punto crítico. Habitantes del sector sostienen que el terreno ocupado carece de servicios básicos y de un sistema adecuado de alcantarillado, lo que ha provocado que aguas contaminadas escurran hacia las viviendas cercanas. Esta situación ha derivado en focos de insalubridad que, según los propios vecinos, afectan tanto a familias del sector como a establecimientos cercanos.

La gravedad del problema obligó incluso al traslado del consultorio Sandra Vargas y al cierre del jardín infantil Juan Ruiz Mancilla, medida que impactó directamente a decenas de familias del sector. Un total de 59 niños debieron ser reubicados en otros establecimientos tras detectarse contaminación por aguas servidas en el patio del recinto educacional, lo que encendió las alarmas entre autoridades y residentes.

Vecinos del sector relatan que la presencia constante de malos olores y aguas contaminadas se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Algunos aseguran que el agua sucia corre por las calles e incluso alcanza las viviendas, generando preocupación por posibles enfermedades y riesgos sanitarios. A ello se suma la proliferación de roedores y focos de basura, situación que, afirman, no ha tenido una solución efectiva pese a reiteradas denuncias.

A las dificultades sanitarias se suma el aumento de hechos de delincuencia y desórdenes en el sector. Residentes sostienen que en el área se han registrado situaciones vinculadas al tráfico de drogas, prostitución y violencia, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre las familias. El problema, señalan, ha ido escalando con el paso de los años sin que exista una intervención estructural que permita resolverlo.

Frente a este escenario, dirigentes vecinales y autoridades locales se reunieron en terreno para escuchar las demandas de la comunidad. Durante el encuentro, los vecinos manifestaron su molestia por lo que consideran una falta de respuesta concreta frente a una situación que se arrastra por más de una década. Según indicaron, distintos gobiernos han sido informados del problema, pero hasta ahora no se ha logrado una solución definitiva.

Autoridades regionales reconocieron la gravedad del escenario y señalaron que se trata de una problemática compleja que involucra a distintos organismos del Estado. En ese contexto, se planteó la necesidad de generar un trabajo coordinado entre instituciones para enfrentar tanto la situación sanitaria como las condiciones sociales del asentamiento irregular.

En paralelo, desde el Gobierno Regional se planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo que permita abordar el conflicto con participación de servicios públicos, dirigentes vecinales y autoridades locales. El objetivo sería avanzar en medidas que permitan recuperar las condiciones sanitarias del sector y prevenir nuevos focos de contaminación.

Pese a los anuncios de coordinación institucional, los vecinos sostienen que la situación requiere acciones concretas y urgentes. En el barrio existe preocupación por el impacto que esta problemática está teniendo en la vida cotidiana de las familias, especialmente en adultos mayores y niños que viven en las cercanías del asentamiento.

Mientras las autoridades evalúan posibles soluciones, la comunidad insiste en que el problema no puede seguir postergándose. Los residentes demandan medidas definitivas que permitan erradicar el foco de contaminación y recuperar la tranquilidad del sector, señalando que el deterioro del barrio ya ha alcanzado niveles que consideran insostenibles.