Auditoría al Gobierno Regional sigue levantando polvo: ¿Detectó irregularidades o falencias históricas?

La auditoría externa aplicada al Gobierno Regional de Magallanes volvió a instalar un intenso debate político y administrativo, luego de que se evidenciaran deficiencias estructurales en los sistemas financieros del Estado que han impedido acreditar formalmente el destino de millonarios recursos ejecutados durante las últimas décadas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el informe detectó observaciones por cerca de 60 mil millones de pesos correspondientes a proyectos ejecutados principalmente desde la década de 1990, los cuales no cuentan con cierre contable formal. Desde el Ejecutivo regional se recalcó que estos recursos no se encuentran perdidos ni mal utilizados, sino que corresponden a inversiones efectivamente realizadas que arrastran problemas históricos de registro.

El gobernador regional Jorge Flies aseguró que los resultados de la auditoría no dan cuenta de irregularidades ni de pérdida de recursos públicos, sino de una falta de modernización e integración de los sistemas contables estatales. Según explicó, el Gobierno Regional opera actualmente con cuatro plataformas distintas que no dialogan entre sí, lo que dificulta el registro oportuno de ingresos, egresos y cierres de proyectos. En ese contexto, afirmó que gran parte de los recursos observados ya se encuentra rendida o en proceso de regularización.

Flies sostuvo además que esta auditoría fue solicitada por el propio Gobierno Regional y el Consejo Regional como una herramienta de mejora institucional, y no como un proceso sancionatorio. En esa línea, anunció la implementación de un nuevo sistema contable que permita avanzar progresivamente en el cierre de proyectos, partiendo por los más recientes y retrocediendo hacia los más antiguos, con el objetivo de normalizar la información financiera en un plazo aproximado de seis meses.

Sin embargo, desde el Consejo Regional surgieron duras críticas. La consejera Roxana Gallardo calificó el escenario como “un desastre administrativo”, señalando que las explicaciones entregadas no logran despejar la gravedad del desorden detectado. Gallardo afirmó que la existencia de múltiples sistemas que no se integran evidencia una falla profunda en la gestión pública y recalcó que la responsabilidad política recae directamente en la autoridad regional, a quien instó a adoptar medidas concretas y asumir responsabilidades.

La consejera sostuvo que, a su juicio, las deficiencias detectadas no pueden normalizarse bajo el argumento de problemas históricos del aparato estatal y planteó que, de tratarse de una empresa privada, una situación de esta magnitud habría derivado en decisiones drásticas. Asimismo, llamó a que se revisen los equipos directivos y se fortalezcan las áreas de control interno, subrayando que la correcta administración de recursos públicos exige estándares más altos de eficiencia y transparencia.

Desde el Gobierno Regional, en tanto, se indicó que parte de las observaciones detectadas por la auditoría externa coinciden con problemas presentes en otros organismos públicos fiscalizados a nivel nacional y que ya han sido advertidos por la Contraloría General de la República. En ese marco, se anunció también un ajuste preventivo al uso del fondo del 8% del FNDR, mientras se implementan mejoras en los procesos de rendición y control.

El debate queda ahora instalado en el Consejo Regional, donde se espera que las medidas anunciadas por el Ejecutivo regional sean monitoreadas y evaluadas en los próximos meses, en un contexto marcado por la exigencia de mayor transparencia, modernización administrativa y certeza respecto del uso de los recursos públicos en la región.