Partido Socialista regional condenó aprobación del Senado a ley de cumplimiento alternativo

A través de un comunicado de prensa, la directiva regional del Partido Socialista, manifestó su molestia por aprobación en general por parte del senado el proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas por razones humanitarias. A continuación el texto emitido por la tienda política.

La Dirección Regional del Partido Socialista de Chile en Magallanes expresa su más profunda preocupación y condena frente a la aprobación en general, por parte del Senado, del proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas, iniciativa que abre la posibilidad de conmutar penas a personas condenadas por graves delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, homicidios o violaciones.

Como Partido Socialista, reafirmamos que la defensa irrestricta de los derechos humanos, la memoria y la justicia para las víctimas constituye un principio intransable de nuestra historia política y moral. Los crímenes de lesa humanidad no pueden relativizarse ni ser objeto de beneficios que terminen debilitando el principio de justicia que la democracia chilena ha buscado construir durante décadas. Las organizaciones de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura han señalado con claridad que este tipo de iniciativas representan un retroceso doloroso para quienes aún esperan verdad, justicia y reparación.

En esa misma línea, compartimos la preocupación expresada por el Presidente Gabriel Boric y por el ministro de Justicia Jaime Gajardo, quienes han advertido que la aprobación de esta iniciativa “pone en riesgo la seguridad de la sociedad” y constituye un grave precedente para el sistema de justicia. Chile atraviesa un momento en que la ciudadanía exige con razón mayor seguridad y firmeza frente al delito, por lo que resulta contradictorio impulsar medidas que podrían implicar la liberación de miles de personas condenadas.

En este contexto, la Dirección Regional del Partido Socialista también manifiesta su crítica a la conducta del senador por nuestra región, Karim Bianchi, cuya ausencia en una votación de esta trascendencia resulta incomprensible para la ciudadanía. Las explicaciones entregadas hasta ahora no parecen estar a la altura de la responsabilidad política que implica representar a la región en decisiones que afectan directamente la seguridad, la justicia y la memoria histórica del país. Requerimos mayores fundamentos y detalles de su actuar, es momento de rendir cuentas.

Del mismo modo, resulta profundamente contradictoria la posición del senador Alejandro Kusanovic, quien se ha presentado públicamente como un férreo defensor de la seguridad o “sheriff”, pero que en esta oportunidad patrocinó y respaldó una iniciativa que podría significar la liberación de más de doce mil condenados, debilitando así el combate contra la delincuencia y generando incertidumbre en la ciudadanía.

Finalmente, hacemos un llamado a la derecha chilena a actuar con coherencia y responsabilidad. No es posible sostener un discurso permanente de endurecimiento frente al delito y, al mismo tiempo, promover o respaldar iniciativas que terminan debilitando la ejecución efectiva de las penas.

En una región como Magallanes, donde el resguardo de la seguridad pública es un desafío permanente debido a su extensión territorial, la ciudadanía espera señales claras de firmeza del Estado. Iniciativas que debilitan el cumplimiento efectivo de las penas no se alinean con las necesidades de seguridad que hoy demanda la región. Por el contrario, Magallanes requiere políticas que fortalezcan la persecución del delito y entreguen mayor tranquilidad a las familias. Esta ley va en la línea totalmente opuesta.

La seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y la justicia para las víctimas deben ser principios que unan a Chile, no herramientas de disputa política ni de oportunismo legislativo.

La democracia chilena se fortalece cuando la justicia se cumple plenamente y cuando la memoria de las víctimas es respetada sin ambigüedades.