Justicia ordena a Salud elaborar plan para solucionar vertimiento de aguas servidas en tomas de Punta Arenas

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes elaborar un plan de acción para regularizar el vertimiento de aguas servidas desde los campamentos Lautaro y Villa Las Etnias, tras acoger un recurso de protección presentado por los vecinos del sector, con el apoyo del Municipio de Punta Arenas.

El fallo de la Corte establece un plazo de 90 días para que la autoridad sanitaria presente medidas concretas, en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente, destinadas a mitigar las condiciones insalubres que afectan tanto a los residentes de los campamentos como a quienes viven en sus inmediaciones. La decisión responde a la falta de soluciones adecuadas por parte de las autoridades, pese a la gravedad de la situación.

El abogado del Municipio, Michael Furniss, explicó que las medidas presentadas anteriormente resultaron insuficientes para los vecinos, quienes solicitaron al alcalde Radonich que interpusiera el recurso de protección. “Este problema no solo afecta el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino también la integridad psíquica y física de las personas”, señaló.

El fallo subraya que la omisión de la Seremía de Salud es ilegal y arbitraria, lo que justifica la acogida del recurso. La Corte también destacó la necesidad de acciones extraordinarias ante el precario estado de los campamentos, que no cuentan con sistemas de alcantarillado ni agua potable.

En paralelo, la problemática llevó al traslado de las operaciones del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Sandra Vargas, que se vio afectado por la insalubridad del sector. Las autoridades municipales esperan que, tras la implementación del plan, puedan retomar las actividades en sus instalaciones originales.

Este fallo marca un hito en la búsqueda de soluciones para los campamentos de Punta Arenas, que enfrentan una crisis sanitaria prolongada, y otorga un plazo claro para la implementación de medidas que garanticen la salud pública.