Magallanes
Ediles de Punta Arenas y Natales anuncian acciones legales tras recorte presupuestario tras la llegada de los SLEP
En una inesperada medida que ha sorprendido a autoridades locales, los municipios de Punta Arenas y Puerto Natales se enfrentan a recortes de presupuesto tras la entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en Magallanes. Las declaraciones del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la alcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo, reflejan la consternación y preocupación ante esta decisión.
Radonich expresó su desconcierto ante la rapidez con la que se implementaron los recortes, señalando que no se les informó adecuadamente ni se les consultó previamente. Además, cuestionó la interpretación de la ley que llevó a estos recortes, subrayando que el convenio colectivo que se pretende modificar es legal y data del año 2016. La alcaldesa Oyarzo coincidió en este punto, lamentando la falta de diálogo y calificando la medida como “arbitraria y antidemocrática”.
Ambos alcaldes resaltaron el impacto significativo que estos recortes tendrán en sus municipios. En el caso de Puerto Natales, Oyarzo destacó que el recorte representa casi el 50% del presupuesto municipal, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios básicos. En palabras del alcalde Radonich, el recorte afectaría gravemente a los vecinos, quienes verían mermada la calidad de los servicios públicos locales.
La falta de transparencia y el desconocimiento previo de la medida han generado malestar en ambas comunidades. Tanto Radonich como Oyarzo coincidieron en la necesidad de tomar medidas legales para defender los derechos de los trabajadores municipales y el patrimonio de sus respectivas comunas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que reconsideren esta medida y se abra un diálogo que permita encontrar soluciones equitativas y justas para todas las partes involucradas.
La implementación del SLEP en Magallanes ha generado un escenario desafiante para los municipios de la región, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de ajustar sus presupuestos sin comprometer la prestación de servicios esenciales para sus ciudadanos. En medio de este panorama incierto, queda en evidencia la importancia del diálogo y la colaboración entre autoridades locales y nacionales para garantizar el bienestar de las comunidades afectadas.