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Magallanes

Corte de Apelaciones declaró inadmisible recurso por revocación de pensión de gracia

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En fallo unánime (causa rol 160-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Marcos Kusanovic Antinopai, el fiscal judicial Pablo Miño Barrera y la abogada (i) Gustava Aguilar Moraga– desestimó la acción, tras establecer que el recurso de protección intentado, no es la vía idónea para impugnar una prerrogativa presidencial, por lo que no puede admitirse a tramitación.

“Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”, sostiene el fallo.

“Que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, toda vez que dicen relación con la dictación de un Decreto en uso de una prerrogativa del Presidente de la República, para la aplicación de una política estatal, por lo que no será admitida a tramitación”, concluye.

Lo resuelto tiene relación con la acción presentada por un magallánico que recibió una pensión de gracia tras ser considerado víctima del estallido social de 2019 en Punta Arenas, impugnó la revocación de este beneficio por parte del gobierno. C.D.H., empleado público, argumenta que fue víctima del uso indebido de la fuerza por parte de Carabineros durante una manifestación, resultando herido por perdigones. Aunque inicialmente recibió la pensión, esta fue revocada al descubrirse antecedentes penales relacionados con delitos de hurto y conducción bajo la influencia del alcohol. El beneficiario argumentaba que estas razones son infundadas y que sus lesiones también son graves, buscando que se revoque el decreto que anuló su beneficio.

El caso destaca la disputa legal sobre la revocación de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social, otorgadas en base a una certificación de afectación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La impugnación del beneficiario se centró en la presunta arbitrariedad e ilegalidad del decreto que revocó su pensión, cuestionando la aplicación desigual de criterios y argumentando la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, la prerrogativa del Presidente de la República para otorgar estas pensiones se encuentra en el centro del debate legal.

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