Corte de Apelaciones afirma que informes de Gendarmería avalaron libertad condicional de Mansilla Quinchamán

Revuelo ha causado a distintos niveles el homicidio de Roberto Verdugo Vargas, joven que a sus 21 años fue víctima de un cruel asesinato el fin de semana, siendo el autor confeso de los hechos Adalio Mansilla Quinchamán, sujeto que ya tenía dos condenas por homicidio, pese a lo cual estaba con libertad condicional desde el segundo semestre de 2021.

Conocidos dichos detalles, han abierto el debate público respecto de la responsabilidad de las instituciones, y sobre todo, de los criterios de los integrantes de la comisión que entregó dicho beneficio al sentenciado conociendo su historia delictual.

Así las cosas, esta jornada (17 de enero) el tribunal de alzada local informó a través de un comunicado de prensa que la Comisión de Libertad Condicional del 2º Semestre del año 2021 “actuó en base a la ley y las exigencias de la normativa vigente, la cual establece requisitos concretos para entregar este beneficio a quienes cumplen condena en los distintos Complejos Penitenciarios de Magallanes”.

En ese sentido, asegura la misiva que en el caso de Adalio Mansilla Quinchamán, “los antecedentes entregados por Gendarmería fueron: que cumplía con una muy buena conducta durante su condena; tenía consciencia del mal causado; presentaba una relación familiar estable, contaba con contrato de trabajo, cumplía con el tiempo mínimo para acceder a este beneficio y contaba con un mediano riesgo delictual”, argumentos plausibles para otorgar el beneficio.

Afirman que lo mismo ocurrió con el caso de la solicitud de revocación en agosto de 2022, en donde por unanimidad los integrantes de la comisión rechazaron la petición por no cumplirse con los requisitos del artículo 30 de la ley 338.

Lo anterior se refiere a lo que consigna la norma que dispone: “En aquellos casos en que una persona beneficiada sea condenada para cualquier delito o cuando haya incumplido las condiciones establecidas en su plan de intervención individual sin justificación suficiente, o cuando no se hubiere presentado al establecimiento correspondiente dentro del plazo establecido en artículo 21 del presente reglamento, en Gendarmería de Chile informará de ello a la respectiva Comisión de Libertad Condicional en un plazo máximo de tres días”, requisitos que no se habrían dado, por lo que se rechazó la revocación.

Señala la Corte que “Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario perfeccionar el sistema de cumplimiento e instalar una figura del juez de ejecución de penas para resolver asuntos relacionados con el sistema carcelario y la resocialización y efectiva reintegración de los penados a la sociedad”, temas que ya se han planteado, incluso por la Corte Suprema en pronunciamientos como el que planteó: “Se estima necesario y en carácter de urgente legislar acerca de un sistema de ejecución penitenciaria que permita atender, de mejor manera, todo lo relativo a la libertad condicional y las demás materias que implica la etapa de ejecución de la sentencia, disponiendo, asimismo, de herramientas tendientes a fortalecer el propósito de resocialización y efectiva reintegración social del penado. En definitiva, se postula la creación de los tribunales de ejecución, anhelo que ha sido reiterado en diversos pronunciamientos sobre proyectos de ley que han modificado el Decreto Ley N°321 de 1925 y en mensajes de los Presidentes de esta Excma. Corte Suprema”, texto de abril del 2021.

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