Contraloría confirma que convenio de refugiados firmado por el Gobernador no se ajustó a derecho

Tras casi seis meses desde que el diputado Christian Matheson, solicitara a la Contraloría que investigue un convenio de cooperación firmado por el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), finalmente el órgano fiscalizador resolvió la ilegalidad del convenio, ya que “no se ajustó a derecho”.

Al respecto, el diputado Matheson señaló que “esta respuesta de Contraloría viene a ratificar la presentación que hicimos en abril pasado cuando acudimos al organismo, porque a nuestro juicio esta firma del gobernador era ilegal y arbitraria. Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase y este convenio principalmente ´pasa a llevar´ los derechos sociales de muchos ciudadanos de nuestra región, ya que personas migrantes podrían acceder más fácil a estos beneficios”.

“Es importante destacar que ninguna autoridad está por sobre la ley, al contrario, estamos convocados a mayores estándares de probidad y transparencia en nuestros actos. Aquí, lo cierto es que el gobernador se excedió en sus atribuciones, ya que la conducción, negociación y suscripción de tratados internacionales es de potestad exclusiva del presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en consulta con el Consejo Regional (Core)”.

“Este tipo de decisiones deben ser informadas y consultadas al Consejo Regional (Core) y el gobernador Flies se está acostumbrando a no considerar su opinión y actúa como patrón de fundo”, concluyó Matheson.

El oficio de respuesta de la Contraloría detalla que “En consecuencia, y en concordancia con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, las actuaciones denunciadas constituyeron una invasión al ámbito propio de la potestad que la Carta Fundamental le confiere al Jefe de Estado para conducir las relaciones internacionales”.

Por consiguiente, en atención a las consideraciones expuestas, el Gobierno Regional de Magallanes junto a algunas municipalidades del país, incluida la de Puerto Natales, deberán corregir la irregularidad antes descrita e informar a las Contralorías Regionales en un plazo de 60 días hábiles, a lo que se sumaría la devolución de recursos fiscales que pudiesen haber sido utilizados en beneficio de este convenio.