El juez Claudio Neculman fue el sentenciador que condenó en esta causa.

Condenan al Estado a pagar $100 millones por apremios de uniformados en 1984

El 26 de marzo de 1984, el demandante se dirigía al entonces Pool Santiago, en el centro de Punta Arenas. Caminaba por calle Bories hacia el cuando fue sorprendido por un grupo de personas que corrían hacia donde él se encontraba, por lo que, temiendo algo peor, escapó por calle Croacia hacia avenida España, sin imaginar que a pocas cuadras comenzaría un episodio de violencia a manos de agente del Estado que nunca olvidaría.

Fue a pocos metros de calle Chiloé que una patrulla militar lo interceptó y subió a la parte trasera de un camión, siendo arrojado al piso de la camada, donde fue golpeado con las culatas de los fusiles y con patadas de los uniformados.

Tras diez minutos de golpiza, la víctima fue trasladado al Puente República, siendo ahí entregado a Carabineros, quienes también lo habrían golpeado duramente, a él y a otras personas aprehendidas en el contexto del denominado “Puntarenazo”.

Dos días habría pasado en un pequeño calabozo junto a otras 60 personas antes de ser trasladado a la entonces cárcel pública en calle Waldo Seguel, lugar en el que permaneció bajo interrogatorios intensos durante 22 días, sin haber hecho absolutamente nada más que correr al ver una multitud acercarse en masa hacia donde él estaba.

Así las cosas, el 1er Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada en 2020 por el abogado Juan José Arcos en favor de la víctima, T.M.B.K. en contra del Estado, obligando el fallo a pagar una suma de 100 millones de pesos a la víctima por daño moral, intentando la justicia resarcir todo el perjuicio que durante años a arrastrado el afectado, quien todavía vive las secuelas del encierro y apremios a los que fue sometido.

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