Constituyente magallánica propone la figura del Estado Regional Autónomo

Como una forma de profundizar la democracia y reorganizar el poder del actual Estado chileno unitario y fuertemente centralizado, la convencional por Magallanes junto a 13 constituyentes de la Comisión Forma de Estado, proponen el establecimiento de un Estado Regional donde se distribuya territorialmente el poder “permitiendo el desarrollo de cada uno de los proyectos de vida, independiente del lugar donde nazcas o decidas vivir”, detalla la norma.

Desde la Región de Aysén -donde estuvieron sesionando a partir del lunes en Mañihuales, Puerto Cisnes, Villa Cerro Castillo, Puerto Ingeniero Ibáñez, y Coyhaique-, catorce convencionales pertenecientes a la comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, ingresaron su primera iniciativa convencional constituyente la cual busca consagrar un Estado Regional y entidades territoriales autónomas en la nueva constitución.

En dos meses de funcionamiento, esta comisión recorrió la mitad de las regiones del país y las cinco macrozonas, avanzando con el mandato establecido por el Reglamento General. “Nos hemos sumergido en una escucha activa y atenta a la realidad regional y rural del país, de Arica a la Patagonia tomando nota de las gravísimas consecuencias que ha arrastra el estado hipercentralizado”, detallan.

Así lo subrayó la constituyente de la Coordinadora Social de Magallanes, Elisa Giustinianovich, quien patrocinó esta iniciativa: “Esta norma pretende iniciar un camino para superar siglos de tradición centralista y autoritaria que ha neutralizado a los pueblos y a los territorios, a las regiones, a tomar las decisiones fundamentales sobre sus asuntos públicos” señaló, agregando: “Sabemos que cambiar de una forma de estado a otra no tiene ningún atajo, pero tenemos la confianza y esperanza que una vez aprobado este nuevo marco constitucional, serán las mismas comunidades las que lo van a impulsar. Llamamos a que sigan acompañando este proceso para que la autonomía efectiva de los territorios, para que los horizontes de autogobierno sean una realidad”.

Tras analizar opciones como insistir en la descentralización desde el Estado Unitario, se acordó transversalmente con las distintas fuerzas políticas, por la distribución del poder político en el territorio a partir de la multiplicación de los centros políticos con autonomías a lo largo del país, “encontrando en la fórmula o arreglo regional autonómico, una propuesta mucho más flexible y abierta, con experiencia comparada que dialoga con la realidad local, adaptable al caso de Chile y que nos permite avanzar con responsabilidad y paso firme en la consecución de alcanzar altos grados de autonomía, reconociendo las características propias de los territorios y comunidades políticas”, aseguran las y los convencionales.

En el detalle, la propuesta normativa define a Chile como “un Estado Regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, en donde “se promoverá la cooperación, desarrollo armónico, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, atendiendo especialmente a aquellas ubicadas en territorios insulares y zonas extremas”.

Sobre las entidades territoriales, puntualiza: “Las regiones autónomas y las comunas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite sólo el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley”. Además, señala “la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes”.

La iniciativa convencional constituyente ingresada – la cual tiene como requisito ser presentada entre 8 a 16 convencionales-, se debe deliberar dentro de la Comisión de Forma de Estado, y tras su eventual aprobación por la mayoría de sus integrantes, pasa al pleno para su aprobación definitiva.

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