Corte revocó arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva para conductor de fatal choque

Hace escasos minutos se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tras realizarse esta mañana (1 de septiembre) los alegatos de apelación respecto del arresto domiciliario total que se había ordenado para el conductor que protagonizó una fatídica colisión, el pasado 23 de agosto, que le costó la vida a Milton Pérez Villarroel.

Con un fallo dividido, los ministros determinaron que la libertad del imputado, L.J.O.C., de 22 años, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que sustituyeron la medida cautelar de arresto domiciliario por la de prisión preventiva, motivo por el que se oficiará al requerido y a las policías, para su ingreso al penal de Punta Arenas, mientras dure la investigación.

Entre los argumentos presentados por la Fiscalía para revertir la negativa a la petición de encierro preventivo hecha en su momento, se esgrimió que el joven había obtenido su licencia recién en julio pasado, protagonizando el fatal hecho a poco más de un mes de haber sido habilitado para la conducción, bajo los efectos del alcohol, y según su acompañante, atento a su teléfono celular, conductas abiertamente temerarias e imprudentes.

Consigna el fallo de la Corte que “cabe tener presente que durante el último tiempo, ha existido por parte del imputado una actitud refractaria al cumplimiento de las normas, particularmente porque a su respecto se han aplicado dos sanciones por infracción al artículo 318 del Código Penal, en los procedimientos monitorios respectivos, lo cual repercute en el elemento a considerar de la existencia de procesos pendientes, pues en uno de ellos la sanción pecuniaria le fue suspendida y en el siguiente habría incurrido mientras el plazo de ese beneficio estaba en curso, situación similar respecto la segunda sanción pecuniaria y la comisión del actual delito”.

Ante este nuevo escenario, el joven de 22 años deberá ingresar al penal de Punta Arenas en calidad de imputado, por el plazo de 3 meses, de no presentarse voluntariamente al complejo penitenciario, podría despacharse una orden de detención en su contra.

 

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