Archivo: Joel Estay

Teléfonos, cocaína, fármacos y marihuana ofrecían desde la cárcel de Punta Arenas

A ocho se elevó la cantidad de personas que fueron detenidas en virtud de la investigación por tráfico de drogas al interior de la cárcel de Punta Arenas. Hoy (31 de mayo) la Fiscalía logró sendas medidas cautelares, quedando dos imputados en prisión preventiva, ente ellos, un funcionario civil de Gendarmería.

Una verdadera red de microtráfico es la que se estaría dirigiendo desde uno de los módulos de la prisión por un preso condenado, o al menos así lo planteó la Fiscalía esta tarde tras formular cargo en contra de 8 personas, dos de ellas internos de la prisión, un empleado civil de gendarmería, dos mujeres y otros tres choferes de taxis, quienes habrían operado como repartidores de la droga.

Un plazo de 3 meses fijó el Juzgado de Garantía para que el Ministerio Público reúna los antecedentes que le permitan respaldar los cargos que formuló durante la formalización de la investigación, en los cuales se planteó la consecusión de diversos delitos.

El primero de ellos tendría relación -siendo el propio ex funcionario de Gendarmería quien lo confirmó en su declaración ante la PDI- que uno de los cabecillas de la organización (se prohibió la divulgación de las identidades de los involucrados), se contactó con él para que, pudiera ingresarle un teléfono celular al penal. El confeso aludido reconoció haber recibido 100 mil pesos por ese “favor”.

Tiempo después, otro de los condenados habría tomado contacto con la misma persona en el sector de enfermería, pidiéndole que le ingresara un “paquete” sin saber que habría en el interior. También se le pagó por eso.

Estas acciones habrían ocurrido en un número indeterminado de veces, hasta que en enero pasado, un encargado de seguridad del recinto penitenciario observó por las cámaras de vigilancia una dinámica sospechosa entre el funcionario civil y uno de los reclusos, lo que derivó en la denuncia ante la Fiscalía, cuenta que permitió abrir la “caja de pandora”, y ver los alcances que tenía la organización.

Detalló el fiscal de drogas, Manuel Soto, que a través de interceptación de llamadas telefónicas se pudo determinar la coordinada acción entre los imputados que vendían y distribuían pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y fármacos de venta controlada, los cuales repartían a domicilios de la comuna en taxis cuyos conductores recibían 5 mil pesos por cada entrega.

Investiga también la Fiscalía si se concretó el ingreso de drogas al penal.

Tras un extenso debate, finalmente el magistrado Juan Santiago Villa resolvió que el ex funcionario de Gendarmería, M.O.V. y la ciudadana uruguaya M.A.C., pareja de uno de los presos que encabezaría la banda de traficantes, quedaran en prisión preventiva mientras dure la investigación.

En tanto, la otra mujer implicada, M.P.E.B. quedó con arresto domiciliario total, y en el caso de los taxistas, R.B.O., F.B.A., y L.H.Z., se decretó el arraigo regional y arresto domiciliario nocturno, al menos mientras corra el plazo de 90 días fijado por el tribunal.

Cabe consignar que el ex funcionario enviado a encierro preventivo deberá quedar en una zona aislada de la población penal, a fin de evitar que sea víctima de agresiones o apremios.

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