Serviu demandó a vecina por mal uso de vivienda social que puso en arriendo

Con la colaboración de los vecinos, el director regional de Serviu Dubalio Pérez, presentó una demanda judicial contra una beneficiaria de departamento en el condominio Pueblo Unidos, adquirido a través del subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, por el mal uso de la vivienda.

La demanda presentada a los Tribunales Civiles de Justicia busca que la persona demandada devuelva el valor del subsidio, cerca de 30 millones de pesos, o en el caso de no pagar el valor, haga la restitución de la propiedad.

El departamento fue entregado en julio de 2017 y el Decreto Supremo N°59 que regula el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece la obligación de la persona beneficiada o su grupo familiar declarado, de habitar la vivienda, a lo menos durante el plazo de 5 años, desde la entrega.

El director de Serviu relevó que “las vecinas se agruparon y nos informaron que una beneficiaria estaba haciendo mal uso de la vivienda. Nos ayuda mucho el apoyo de las familias que reconocen el mal uso, ya que hay mucha gente que lo necesita, pero, así y todo, hay gente que se aprovecha”.

Carolina Alvarado, una de las vecinas afectadas, explicó que luego de hacer las denuncias formales, optaron por llamar la atención de las autoridades para ser escuchadas, ya que estaban cansadas de los “movimientos invasivos que había constantemente en el condominio, de personas que hacían fiestas diariamente. Nosotros todos luchamos constantemente por salir adelante y que venga una vecina que no tenga necesidad, arriende su vivienda, dentro de un plazo que no se puede, irrita, más en estas condiciones, porque uno quiere vivir tranquilo y lo que nos provocaba esta situación es indignante por el ruido, fiestas, tránsito de gente y otras irregularidades de las que están al tanto las policías”.

El gobernador provincial Alejandro Vásquez, que encabeza un trabajo comunitario con vecinos de los condominios de cuadripareos Pueblos Unidos, que se han visto afectados por diversos hechos de carácter delictual, destacó que “hoy día estamos dando cumplimiento a una de las demandas que tenían los vecinos, por gente que hace mal uso de estas viviendas adquiridas con subsidio. Es difícil entender a estas personas que recurren al Estado para poder obtener una vivienda sin deuda, porque demuestran que tienen una necesidad habitacional y después le dan otro uso, diferente para el cual fue adquirido”.

A su vez, el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, que ha sido parte del trabajo que se ha realizado con los vecinos de Pueblos Unidos, fue enfático en manifestar que “estamos haciendo un gran esfuerzo con el Minvu para que nuestros vecinos tengan su vivienda digna para vivir, pero nos encontramos con un número importante de vecinos que nos han denunciado que personas que han obtenido casa en los últimos cinco años, o la están arrendado o la están usando para otras cosas. Es por eso que esto es fundamental, porque había una necesidad que las denuncias se concreticen, porque uno ve por redes sociales o en reuniones que hemos tenido, siempre hay varias familias que no están ocupando la vivienda que se les entregó y cuanta gente está esperando tener vivienda para vivir, esto no es para hacer patrimonio es para vivir”.

Finalmente, el director de Serviu Dubalio Pérez, explicó que en el marco del programa “Te Caché” “se realizaron más de 700 fiscalización durante 2019, sin embargo, con la Pandemia se debió suspender, ya que era necesario ingresar a la vivienda. De estas, 9 casos presentan alguna irregularidad, con los estamos desarrollando las comprobaciones para tomar nuevas acciones judiciales”.

Asimismo, señaló que en la actualidad hay más de 5000 viviendas con prohibición de venta o cesión, por lo que hizo un llamado a las personas “que estén al tanto de estas irregularidades en sus condominios o en los loteos que hemos entregado en los últimos años, a enviar un correo a serviumagallanes@minvu.cl, haciendo la denuncia, ya que eso nos facilita los procesos de comprobación del mal uso”.

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