Eugenio Campos Lucero, en 2010, fiscal adjunto de Punta Arenas.

A 10 años del cruel homicidio que quedó impune: “Es un caso que nunca voy a olvidar”

(…Vienes de la primera parte)

A diez años del brutal asesinato de Sonia Rodríguez Polanco, El Magallánico pudo conocer las impresiones respecto del caso de dos de los profesionales que litigaron en la causa. Nos referimos al defensor penal licitado José Miguel Navarrete y al ahora fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero.

“Siempre sostuvimos su inocencia”

Quien más compartió en 2010 y 2011 con el único imputado de esta causa, Domingo Mancilla Contreras, fue el abogado José Miguel Navarrete, quien asumió la defensa del acusado, planteando desde el día “uno” la inocencia.

“Recuerdo que esto fue un hecho de despiadada acción, que por lo menos planteaba un móvil de alguien que tuviera indicios de crueldad en su niñez y no se trataba de un simple homicidio o pelea, no se notaba eso”, recordó el profesional.

Revive que la detención de su representado ocurrió dos semanas después del hecho (1 de noviembre), “y yo recuerdo que planteaba que la detención, la forma de investigación inicial en contra de Domingo Mancilla, padecía de graves defectos, ya que a él le controlan la identidad porque se acercó al lugar del velorio de Sonia, pero no había nada objetivo que permitiera suponer que él fuera sospechoso. No tenían nada, simplemente lo controlaron por sospecha”.

Después de eso, Mancilla Contreras fue trasladado a la unidad policial, lugar en el que confesó el delito, de acuerdo a los antecedentes que se manejan del caso. “La narración que él había hecho cuadraba matemáticamente casi con todo lo que era el sitio del suceso, incluida la utilización de un preservativo por esta presunta prestación sexual que habría realizado ella (…) entonces su declaración cuadraba completamente con el hecho que se desprendía del sitio del suceso”, recordó Navarrete, haciendo ver las sospechas que levantó tal exactitud con lo que hasta ese minuto se tenía.

“Siempre mantuvimos que la forma como se inicia el procedimiento no obedecía ninguna regla de control de identidad, pero como existía la confesión de Domingo, quedó en prisión preventiva hasta marzo de 2011. En esa fecha nos dimos cuenta que la declaración que él había dado no coincidía con la prueba científica que había comenzado a aparecer en la causa”, añadió.

Y ciertamente, el relato entregado a la policía por el entonces acusado, se fue desmoronando, luego que compañeros de trabajo lo ubicaran en su lugar de limpieza de calles, que el resultado de análisis genético descartara que los preservativos encontrados en casa de Sonia tuviesen muestras de Mancilla, y que los restos de la supuesta sangre encontrada en la casa de él no correspondiera a rastros de la mujer asesinada.

Pero fue desde el mismo día del control de detención, el 2 de noviembre de 2010, que la defensa planteó que había contestado falsamente el interrogatorio policial, dadas las características propias de una persona que tiene una capacidad intelectual diferente.

Según su opinión, ¿Qué llevó a Domingo a dar esa confesión?

“Nuestra tesis era básicamente que Domingo no tenía la capacidad como cualquier persona de enfrentar la presión de estar sometido a un interrogatorio policial. Él no tenía antecedentes penales, no tenía participación en el sistema penal, tampoco tenía pasadas detenciones o investigaciones previas, no había nada en su hoja de vida, por lo tanto, nunca había estado esposado, nunca había sido desnudado en una comisaría. Entonces, todo eso, probablemente, después del extenso interrogatorio, por el hecho de la presión, finalmente termina por decirles que sí a todo”, reflexionó su abogado.

Fue así que se fue configurando un caso, desde el punto de vista de la defensa, basado en los dichos del propio imputado, pero que fue perdiendo fuerza con el paso de los meses, lo que los llevó, en marzo de 2011, a recurrir ante la Corte de Apelaciones, y a la luz de los antecedentes, se alzó la medida de prisión preventiva.

En libertad, Mancilla Contreras enfrentó el juicio oral, y finalmente, el 15 de julio de 2011 fue absuelto de los cargos, sentencia que fue ratificada posteriormente por la Corte de Apelaciones.

“A Domingo, sólo por su confesión, lo dieron por el sujeto que atacó a Sonia, desechando cualquier otra hipótesis de otro autor”, reflexionó el defensor Navarrete.

El 10 de marzo de 2011, Domingo Mancilla Contreras abandonó el encierro preventivo que se le había impuesto tras la formulación de cargos en su contra. A su lado, el defensor penal José Miguel Navarrete. (Foto: Héctor Martínez / Defensoría Penal Pública)

Persecutor penal

Por esos años, el ahora fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, era fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Punta Arenas. Por “turno”, él debió asumir como propia la causa del homicidio de la ciudadana dominicana. Estuvo presente desde un principio, incluso en el Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, donde vio al equipo del doctor Jorge Bardiza hacer todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida a la mujer.

“Es un caso que, como fiscal, nunca en la vida lo voy a olvidar. Lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Tomamos las primeras diligencias junto a personal de la Sip (Sección de Investigaciones Policiales) de Carabineros de la época, y yo como fiscal de turno constituyéndome no sólo en el lugar de los hechos (Calle Gaspar Marín Nº0249), sino que también en el antiguo hospital regional. Recuerdo incluso al personal que estaba en turno, estaba el doctor Bardiza, cuando pude ver a la víctima y todo el esfuerzo que se realizó para salvarle la vida”, recordó Campos.

Sin embargo, 91 heridas cortantes en el cuerpo, tres de ellas mortales en la zona del cuello, terminaron por arrebatarle la vida a la mujer dominicana de 33 años, madre de cuatro hijos, y que estaba embarazada al momento de ser asesinada.

Revivió el persecutor penal que se despacharon “todas y cada una” de las diligencias de investigación, la cual describió como “acabada, acuciosa y detallada”. Recordó el testimonio de un testigo presencial de los hechos, un menor de edad que fue y declaró ante el tribunal.

“Más toda la investigación que hizo personal de la Sip de Carabineros, la ayuda de los familiares y amigos de la afectada que nos colaboraron, formalizamos la investigación y se decretó la prisión preventiva de rigor por parte del Juzgado de Garantía”, detalló Campos Lucero.

Todo lo anterior, llevó a la “convicción absoluta del Ministerio Público respecto de la posibilidad y existencia del delito por lo que se presentó la acusación. Sin embargo, el tribunal en su momento, valorando los medios de prueba que fueron puestos a su disposición, estimó que existía una duda razonable y, por tanto, determinó pronunciar sentencia absolutoria. Pero como lo digo, de una ‘duda razonable’. Pero para el Ministerio Público esa duda no existía y no era tal conforme al mérito de los antecedentes reunidos por el equipo de trabajo de la Sip y de la Fiscalía”.

 

¿Qué piensa usted al respecto? “El día de hoy, y éste es mi convencimiento, teníamos los antecedentes absolutamente necesarios para que se dictase una sentencia condenatoria, sin perjuicio de la facultad privativa que tiene el tribunal y que resolvió una cuestión distinta y somos respetuosos de las resoluciones de los tribunales”, concluyó el reconocido persecutor penal.
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