Presentan querella por incendio terrorista en la Casa de los Derechos Humanos

A través del senador Alejandro Navarro, como presidente de la comisión de Derecho Humanos y en representación de diversas agrupaciones de DD.HH. en la región, se interpuso hoy (5 de marzo) la primera acción penal por el delito de incendio, en un contexto terrorista, por el siniestro que destruyó, el pasado 28 de febrero, la Casa de los Derechos Humanos en Punta Arenas. Lo propio hizo la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, quien también inició acciones legales por el mismo hecho.

“Tengo la convicción que el incendio de la casa de los Derechos Humanos es intencional y premeditado, y que forma parte de la acción número 27 de una seguidilla de hechos que se han registrado en el país”, aseguró el parlamentario quien viajó para iniciar la acción penal en la capital regional.

Consultado sobre quienes estarían detrás de este tipo de actos vandálicos, señaló el parlamentario: “Por ahora no es posible establecer responsabilidades específicas, pero lo que tenemos a nivel nacional es el surgimiento de grupos de extrema derecha que tienen discurso odioso de amenaza, que han salido a las calles armados y preparados creando un clima de violencia que no es conveniente para nadie. Enfrentar a la ‘izquierda o a la derecha’ a través de la violencia no es bueno para nadie”.

Bienes Nacionales

Por el delito de incendio, sin el contexto terrorista dado por Navarro, la seremi de Bienes Nacionales concurrió también al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, para también pedir que se investigue lo sucedido, y hacerse parte activa de la causa como afectados, considerando que es el Ministerio de Bienes Nacionales quien mantiene la propiedad del inmueble incendiado.

“Como propietarios del inmueble ubicado en la avenida Colón, vinimos a presentar una querella por el delito de incendio en contra de quien o quienes resulten responsables. Sabemos que hay una investigación en curso y que no se ha definido si existió o no intencionalidad, de eso también estamos a la espera”, comentó Francisca Rojas.

Interpuestas las querellas, deberá ser ahora el Juzgado de Garantía quien determine si son o no admisibles, si los querellantes tienen las facultades legales para ejercer la demanda de persecución penal, y de ser así, se oficiaría al Ministerio Público para que se realicen las diligencias necesarias para establecer los pormenores del hecho.

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