Patricia Mackenney, secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género.

Haciendo graves acusaciones, funcionarios demandan laboralmente a la Seremi de la Mujer

Una indemnización de $30 millones, tras interponer una denuncia por vulneración de derechos, están solicitando tres funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, quienes iniciaron una acción Juzgado del Trabajo de Punta Arenas. Acusan además a la autoridad regional de la cartera, Patricia Mackenney de incurrir en graves faltas, afirmando incluso, la utilización inapropiada de recursos fiscales.

Un largo relato de la relación laboral que se entabló con la actual Seremi de la Mujer plasmaron en su acción judicial los tres funcionarios del estamento que decidieron ir ante los tribunales. En dicho escrito, se da cuenta de una serie de situaciones en que ellos afirman haber sido apremiados a cumplir funciones, muy por encima de lo que significa su trabajo.

Si bien algunos de los fundamentos parecieran a simple vista obedecer más una sobrecarga de trabajo que un apremio propiamente tal, más adelante se van conociendo situaciones que podrían ser cuestionables, al menos desde el punto de vista administrativo.

“Ya en los primeros días de trabajo, se generaron situaciones incómodas para nosotros. La Seremi comenzó a efectuar requerimientos reiterados (cada 5 minutos) de la misma tarea, aun cuando no era posible realizarlas en los tiempos que ella requería. A modo de ejemplo, podemos mencionar lo que ocurría a propósito del informe de medios de comunicación que debía elaborarse diariamente y a primera hora de la mañana. Dicho informe demandaba un proceso previo de recopilación de antecedentes, como buscar en internet información de los distintos medios de comunicación, bajar las imágenes, los enlaces y tomar fotografías de los medios escritos, lo que implicaba, desde el ingreso a la oficina, al menos media hora de trabajo (como mínimo), sin embargo, al colega encargado de dicho Informe se le comenzaba a exigir su entrega aun antes de ingresar a su jornada laboral, interrumpiendo la Seremi constantemente su labor y poniéndonos a todos nerviosos con su insistencia”, es uno de los primeros argumentos que plasma el escrito judicial.

“Cuando la Seremi nos instruía realizar determinadas gestiones, como eran la coordinación de reuniones con otros servicios, la redacción de documentos, la elaboración de agenda diaria y semanal, muchas veces no nos daba el tiempo siquiera para iniciarlas, para a continuación, y a los pocos minutos de habernos encomendado la tarea, consultarnos si ya estaba lista, consulta que se repetía insistentemente cada cinco minutos. Luego, una vez concretado el encargo, con mucha dificultad por las constantes interrupciones, nos pedía desde su oficina o, bien, instalándose a un lado nuestro (para ver con sus propios ojos el trabajo): ‘A ver muéstrame’, a pesar de nuestras indicaciones de que los encargos ya estaban cumplidos, debiendo, incluso, mostrarle muchas veces la pantalla de nuestros computadores”, continúa la demanda, mostrando quizás una jefatura especialmente exigente.

En ese sentido, el abogado de los trabajadores, Pablo Bussenius (ex secretario regional ministerial de Justicia), manifestó que: “Mis representados vieron vulnerados sus derechos fundamentales como trabajadores, es por eso que se inicia esta tutela laboral, ya que ellos en su legítimo derecho pueden solicitar al tribunal se pronuncia sobre las eventuales malas prácticas laborales, que se sancione a su empleador, en este caso el Estado, y se les pague una indemnización por las situaciones apremiantes que han debido enfrentar (…) cabe destacar que aquí estamos hablando de la totalidad de los funcionarios de la Seremía de la Mujer, siendo dos de los demandantes justamente mujeres”.

Graves acusaciones

Sin embargo, la demanda laboral poco a poco fue argumentando hechos de mayor gravedad, que incluso –según afirma el escrito- le fueron informados al intendente José Fernández. “Otra situación de tensión para nosotros era cuando nos requería la realización de actuaciones y/o procedimientos incorrectos desde el punto de vista de la práctica y normativa pública, viéndonos en la obligación de estar consultando permanentemente a Santiago, para que, por un lado, estuvieran al tanto de la situación y, por el otro, para tener un respaldo, ya que incluso asesorada, ésta no cumplía con lo que está mandatado para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, pudiendo verse afectado con ello el servicio”.

“Fuimos testigos de cómo la Seremi entregaba información errada a usuarios y medios de comunicación, utilizando terminología incorrecta o conceptos que no eran los más adecuados, como la invitación que realizaba a utilizar el “Fono Denuncia”, servicio inexistente en la institución, lo que podía inducir a error en los usuarios y transformarse en una situación muy delicada ante situaciones de verdaderas emergencias, generando con ello situaciones de riesgo para nuestras usuarias”, acusan los funcionarios.

“El traslado de personas en el vehículo institucional era también motivo de preocupación, no sólo por la posible sanción o medida disciplinaria a la que podíamos vernos expuestos, sino que además porque siempre obedeció a instrucciones verbales de la Seremi, de las que no quedaba registro, como, por ejemplo: ‘pasemos a buscar a Álvaro y a mi hija, porque van con nosotros”. Ello sumado a la eventualidad de verse involucrados en un accidente en la ruta o en las calles. Todo lo anterior nos llevó a elevar nosotros mismos una consulta al nivel central, respecto del traslado de personas externas al personal, con la secreta esperanza que la respuesta inhibiera a la Seremi de seguir realizando estas acciones”, se consigna en el requerimiento judicial.

Se acusa de igual manera que en un momento determinado, los tres funcionarios presentaron licencias médicas por stress. Al término de dicho permiso, la propia seremi aludida no les habría dejado entrar a la oficina, debiendo ellos esperar afuera, situación de menoscabo que habría sido la gota que derramó el vaso y que los habría impulsado a tomar las acciones legales.

Sobre la materia, El Magallánico intentó tomar contacto con la Seremi aludida, sin embargo aquello no fue posible, remitiéndose sólo la jefa regional de la cartera a contestar por correo electrónico manifestando: “En referencia a los supuestos actos de hostigamiento laboral hacia tres funcionarios de esta Seremía que me involucran, como ya ha trascendido, efectivamente existe una acción judicial presentada en tribunales y mientras este proceso esté en curso, no podemos pronunciarnos a estos hechos. Sin perjuicio de lo anterior, esperamos que sea resuelto a la brevedad y con la mayor transparencia posible”.

Demanda al estado

En dicho contexto, la acción de tutela laboral iniciada, y acogida a tramitación por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas pide en concreto que el Fisco pague una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos para cada uno de los tres demandantes; que la seremi cese de inmediato el supuesto comportamiento antijurídico; que pida disculpas públicas a los ofendidos, y que la justicia le ordene asistir a una capacitación que aborde materias sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.

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