Haciendo acusaciones, abogados defensores se plegaron a demandas sociales

Los abogados de la Defensoría Penal Licitada en Magallanes, se plegaron hoy a las movilizaciones sociales que se han realizado en diferentes puntos de la región. “Sin justicia no hay defensa” esgrimieron como consigna los profesionales, quienes, entre otros, subrayan la necesidad de velar por un efectivo sistema multi-institucional de reinserción.

“No existe un sistema de reinserción social adecuado ni efectivo en nuestro país para quienes se vean afectos a una condena penal. Las personas privadas de libertad ven gravemente vulneradas sus garantías fundamentales de los modos más horrendas e inimaginables. Las sucesivas reformas al sistema procesal penal no son efectivas en cuanto a generar condiciones de prevención de la delincuencia. Y que el sistema procesal penal actual lamentablemente solo reproduce la criminalidad, la pobreza y la marginalidad no solo de los condenados, sino que la perpetúa muchas veces en sus familias”, señala la declaración entregada por los abogados, quienes se apostaron frente a la Defensoría Regional.

Acusaron que, a nivel nacional, cerca del 75% del total del servicio de Defensa Penal Pública es prestado por defensores y asistentes administrativos que no forman parte de la planta de funcionarios de la institución, sino que deben prestar el servicio a través de sociedades privadas que deben licitar cada 3 años para ganar la posibilidad de prestar el servicio de defensa penal pública. Esta privatización del servicio de defensa penal pública genera una flagrante precarización y con ello se producen las siguientes vulneraciones.

Entre algunas de las denuncias que hicieron los abogados, afirmaron que existe “inestabilidad laboral, ya que cada 3 años los defensores y asistentes, que son personas capacitadas y especializadas en la materia, ven amenazadas sus fuentes de trabajo, quedando en una profunda incertidumbre acerca de la fuente de su sustento familiar, lo que genera una afectación emocional que redunda en una vulneración al derecho de integridad psíquica. Asimismo, esta incertidumbre e inestabilidad impide la sana generación de una carrera funcionaria para el 75% de la institución que no es de planta”

“Desigualdad en las cargas de trabajo, sin perjuicio de que existen casos de jefaturas empáticas y conscientes, no existen mecanismos al interior de la institución para denunciar ni subsanar las decenas de casos en que, por prestar el servicio de defensa de manera licitada, el defensor y su asistente se ven obligados a sobrellevar una carga laboral mucho más ardua y pesada que la de un defensor y asistente de planta. evadiendo así la autoridad estatal el principio básico de igualdad ante la ley, estableciendo trabajadores de primera y segunda categoría”.

“Prácticas antisindicales, al ser una multiplicidad de ‘empresas’ que ‘licitan’ para prestar el servicio de defensa penal pública las autoridades evaden las obligaciones que genera el vínculo de subordinación y dependencia del que debieran emanar derechos laborales y sindicales, viéndonos sometidos a un sistema de reglas comerciales o civiles en cuanto a nuestros derechos. cabe señalar que existe una asociación de defensores públicos al interior de la institución la cual solo puede velar por el interés de sus asociados a los que no puede pertenecer el personal licitado por expresa disposición estatutaria, siendo que es el 75% de la institución”.

“Discriminación hacia la mujer, al ser una multiplicidad de ‘empresas’ atomizadas que ‘licitan’ el estado no se hace cargo de su obligación en cuanto al respeto de su fuero maternal al término de cada licitación, y tampoco se respeta el derecho a amamantamiento y sala cuna”.

Finalmente, afirmaron que existe discriminación en cuanto a remuneración y derechos, “ya que existe una gran diferencia salarial en cuanto a un funcionario defensor y asistente de planta y un licitado, asimismo, para estos últimos no existe la posibilidad de gozar con días administrativos ni compensatorios por trabajo en día feriado. con gran sorpresa y desilusión hemos visto además como el estado ha premiado solamente a los funcionarios no licitados con un bono de excelencia, por el servicio que prestan todas y todos los funcionarios de la institución (y no solo el 25% de funcionarios no licitados)”, además de la subcontratación encubierta.

Los profesionales emitieron la siguiente declaración pública.

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