¡Insólito!: Le robaron su auto a magallánico en Santiago, y ahora lo obligan a pagar el TAG

Una situación indignante, por decirlo menos, es la que está enfrentando el abogado defensor Guillermo Ibacache, profesional que el año pasado sufrió el robo de su vehículo en Santiago. Intentó renovar su permiso de circulación, y se encontró con que los ladrones de su vehículo acumularon numerosas multas por no pago del TAG.

El abogado Guillermo Ibacache debió presentar un recurso judicial para evitar acciones legales en su contra.

Un recurso de amparo presentó ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el defensor penal licitado, luego que se encontrara con la ingrata sorpresa de que el vehículo que está a su nombre presenta una serie de infracciones por el no pago de los peajes automáticos en carreteras concesionadas de la zona central del país. Eso, pese a que en 2018 denunció la sustracción de su vehículo, el cual apareció abandonado semanas más tarde.

En febrero de 2018 la familia del letrado contrató los servicios de una empresa de transporte, para trasladar el vehículo familiar a Magallanes en camión, ya que ellos volvieron en avión. Sin embargo, dicho servicio no fue más que un embauque, ya que los prestadores de servicio retiraron el vehículo del aeropuerto, pero nunca llegaron a la región, pese a que le aseguraron que iban en camino. Por dicho ilícito, Ibacache presentó una querella en contra de los responsables.

Tiempo después, el Suzuki SX-4 del afectado fue encontrado en Cabildo, siendo devuelto a los propietarios, aunque ahí recién comenzaría a conocerse el gran “cachito” en que lo involucraron los responsables del hecho.

“El tipo que sustrajo el vehículo al parecer tuvo mucho tiempo para pasear por todo Santiago y pasar por todos los TAGs”, comentó el conocido abogado al ser consultado sobre lo ocurrido. En efecto, al intentar renovar la documentación de su rodado, se encontró con que mantenía una deuda pendiente con la empresa concesionaria de autopistas por una cifra superior al millón y medio de pesos.

Por tal razón, y ante la negativa de los juzgados de policía local respectivos de atender lo particular del hecho, y que en definitiva, él y su familia fueron los afectados, debió interponer un recurso constitucional de amparo ante la Corte, a fin de evitar que, en los procedimientos judiciales propios, sea él quien termine siendo requerido por la justicia, o peor aún, sea él quien termine siendo enviado a un calabozo por no hacerse responsables de los “paseos” de inescrupulosos.

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