Mauricio Inostroza, presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino.

Revelan categórico informe de Contraloría tras denuncia presentada por Industriales

Luego de un extenso período de espera, y de reiteradas denuncias realizadas por la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, apuntando a serías irregularidades al interior de la Tesorería Regional en relación a injustificadas dilaciones en el cumplimiento de lo establecido en la Ley Navarino; finalmente un informe de la Contraloría Regional de Magallanes concluyó la comprobación respecto de la tramitación y demora en el  pago de las bonificaciones establecidas en dicha ley de fomento, con el consiguiente daño a las industrias afectadas.

Pero el categórico informe en cuestión fue más allá, advirtiéndole al tesorero, adecuar sus actuaciones a la normativa vigente, esto a pesar de los descargos presentado por dicha entidad, los que no fueron suficientes para explicar sus procedimientos.

Luego del análisis de dicho documento por parte del gremio afectado, su presidente, Mauricio Inostroza sostuvo que dicho informe es el resultado de una serie de diligencias y esfuerzo invertido por los empresarios, lo que implicó, entre otras gestiones, la presentación realizada en Valparaíso ante la comisión de zonas extremas, quienes fueron informados sobre el resultado del informe.

Inostroza agregó que, “sin duda esta es una prueba palpable, ostensible y comprobada por el ente contralor quien señala que el actual tesorero incumple la ley, y lo más importante, no puede hacer lo que quiera, ‘vulnerando lo consignado en el artículo 8° de la ley N° 18.575, que impone a los organismos públicos el deber actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites’, tal como se señala en el informe final. Esperamos que a partir de ahora entienda que con sus actuaciones está faltando a la ley cada vez que dilata indebidamente los procedimientos de pago, contraviniendo el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, y respetando el ordenamiento jurídico y los procedimientos legales, pues además de la legalidad, se transgrede con esto la finalidad de fomento que establece la ley. Finalmente, como industriales nos preguntamos: cada vez que Tesorería dilata los pagos, ¿será el Fisco quien asuma ese costo? concluyó el presidente del gremio de industriales de Tierra del Fuego y Navarino.

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