Nadie está libre: Diputado Bianchi fue estafado con más de $12 millones

En el Juzgado de Garantías de Punta arenas se está tramitando la querella criminal que interpuso el diputado por Magallanes, Karim Bianchi, por los delitos de asociación ilícita, estafa y apropiación indebida en contra de un padre e hijo que lo habrían embaucado para que les entregara 12,5 millones de pesos para la importación de un vehículo. La acción penal afirma que esto no sería un caso, acompañando un listado con cerca de una treintena de afectados en diferentes puntos del país.

De acuerdo a la acción penal iniciada el pasado 24 de enero, el parlamentario magallánico encargó la compra de una camioneta a L.I.G.P., quien, junto a su padre, J.L.G.S., ofrecían el servicio de importación a través de la agencia GTP servicios Turísticos, empresa que figura con centro de operaciones en la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén.

Todas las gestiones se habrían iniciado en julio del año pasado, cuando se le ofreció el vehículo a Bianchi, una Chevrolet Silverado del año 2016, con un precio inicial de 13 millones, pero que después tras “gestiones” de uno de los querellados, habría reducido su precio a 12,5 millones de pesos.

De acuerdo a las condiciones de venta, el dinero de la compra tendría que ser pagado por adelantado, moto total que el diputado enteró el 1 de agosto, esperando que el 15 de septiembre del año pasado, arribará a Chile su nuevo vehículo, cómo se comprometieron los vendedores.

Tras lo anterior, según consigna la querella, “se comienza a evidenciar la estafa. Así, comienzan las excusas en donde se trata de explicar, a través de mentiras, el supuesto retraso en el arribo del nunca enviado vehículo”, argumentos que fueron dejando en evidencia el engaño, por lo que Bianchi solicitó la recuperación de su dinero, no obstante, al día de presentación de la querella, sólo un 20% del monto pagado le ha sido devuelto al diputado.

Cabe destacar que la querella interpuesta por Bianchi, representado por el abogado Nickolas Mena, acompañó un listado de otras 29 personas que habrían sido estafadas de la misma manera, sumando una defraudación de más de 160 millones de pesos entre los afectados, numerosas denuncias que dejarían más que establecida la presencia de la estafa, la asociación ilícita y la apropiación indebida.

El Juzgado de Garantía acogió a tramitación la acción judicial, la cual, entre otras solicitudes, pide que se cite a declarar a los representantes de GTP Servicios Turísticos, y se instruya a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, e incluso, que se gestione una orden de entrada y registro a las oficinas de la firma aludida, para recabar antecedentes que permitan respaldar los ilícitos denunciados por el diputado de Magallanes.

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