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Universitaria acusada de robo y enviada a la cárcel fue exculpada de los cargos

A un año de que la Fiscalía imputara cargos por robo con violencia en contra de Ana María Montiel Andrade, universitaria de entonces 20 años, la causa se dio por terminada a través del “principio de oportunidad”, diluyéndose con el paso del tiempo el supuesto delito que la joven había cometido, por el cual, incluso, llegó a estar encerrada en la cárcel.

La primera semana de diciembre del 2017 el juez de garantía Juan Villa envió a la cárcel, como medida cautelar, a la joven estudiante, aceptando los argumentos del Ministerio Público, representados en esa instancia por la fiscal Wendoline Acuña, quien le imputó Montiel la participación en un robo, el cual -supuestamente- habría sido perpetrado a eso de las 23 horas de la noche del domingo 3 de diciembre, en contra de una mujer que -según se dijo- fue atacada en el barrio Archipiélago de Chiloé.

En su momento, Carolina Andrade, madre de la joven, conversó con El Magallánico y afirmó a los cuatro vientos que su hija era inocente, y que injustamente había sido, no sólo detenida, sino que encarcelada. Ahora, recuerda como durante la audiencia de formalización la fiscal dio cuenta de un relato que solo existía en el imaginario de la presunta víctima y que previamente había sido aceptado como verídico por los Carabineros que habían adoptado el procedimiento.

En los hechos motivos de la formalización la presunta víctima había salido de su domicilio a comprar cigarros, momento en que habría sido abordada por Ana Montiel Andrade, y otras dos mujeres que no fueron identificadas, las que le habrían arrebatado un celular, agrediéndola con golpes en el rostro y puntapiés hasta caer al suelo, donde también le sustrajeron otro dispositivo móvil y la suma de 200 mil pesos de dinero en efectivo. El relato de los hechos bastó para que la gravedad de lo sucedido permitiera apuntar a que libertad de la imputada constituía un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad, decretándose así la prisión de la estudiante.

“De forma inmediata como madre, pedí sin éxito ser escuchada, decir que se estaba cometiendo un tremendo y grave error al enviar a mi hija a la cárcel, privándola de libertad. Era muy elocuente que no existían pruebas del robo – excepto para Carabineros y la fiscal-  y que todo se trataba de una discusión con un par de empujones o  de una pelea si así la querían llamar, porque mi hija lo que hizo fue defenderse justamente de un agresión de la ella estaba siendo víctima… fue así como luego de juntar a testigos y las pruebas actuando como investigadores privados, literalmente le hicimos el trabajo a Carabineros y a la fiscalía para demostrar cómo fueron realmente los hechos y en la Corte de Apelaciones, el abogado señor Leonardo Vallejos, pudo aportar las declaraciones juradas ante notario de todas y todos los testigos que vieron los hechos y que Carabineros y la Fiscalía ignoró”, enfatizó la madre de la joven.

“Me llamó la atención la falta de profesionalismo y acuciosidad de los efectivos de Carabineros que adoptaron el procedimiento inicialmente, los que con sorprendente prontitud dieron crédito a la presunta víctima y con su sola versión arrestaron a mi hija, la llevaron detenida, pasó una noche en la comisaria y el relato del parte policial que ellos mismos redactaron se transformó en ‘la prueba’ para que un juez acogiera esa versión”.

Afirma la mujer que Junto su familia y amigos decidieron enfrentar la injusticia y demostrar que la denunciante mentía y que tanto la policía, la Fiscalía y el juzgado no obraron de manera cuidadosa en frente de una persona inocente.

“Pasó el plazo para que se pudiera revocar este ‘principio de oportunidad’, pero como ello obviamente no iba a ocurrir ni ocurrió es que hoy decidimos levantar la voz para denunciar los amargos días y noches que vivimos como familia esperando encontrar justicia (…) los inocentes no llegan a acuerdos, defienden su inocencia. Nos encontramos preparadas para que los responsables de esta falsa acusación no queden impunes, y no sólo esa ‘presunta víctima’, sino que además esas personas que son parte de las instituciones y que actúan en representación del Estado, me refiero a Carabineros, fiscales del Ministerio Público y el juez de garantía, respondan en los mismos tribunales por el daño causado. Que estos hechos no queden como un caso más de error judicial, porque aquí desde el día uno, Carabineros actuó sin los mínimos criterios de verificar la veracidad de la denuncia, la fiscal no estuvo a la altura de actuar objetivamente al ponderar la acusación y solicitar la prisión como medida cautelar y el juez de garantía actuó con un estándar extremadamente exiguo para tan sólo con un testimonio privar de libertad a una joven a quien por poco le truncó su vida universitaria. ”, concluyó enfática la madre de Ana María Montiel.

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