Interponen querella contra el alcalde Claudio Radonich por uso de fondos Sep

El pasado jueves (6 de diciembre), la concejala Verónica Aguilar en compañía del abogado Rodolfo Saldivia, iniciaron una acción penal en contra del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, por un eventual delito de malversación por aplicación pública diferente, esto en virtud de la decisión del edil de disponer de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (Sep) para el pago de sueldos de los profesores de la comuna.

De acuerdo al escrito presentado ante el Juzgado de Garantía de la capital regional, el 29 de septiembre pasado, Radonich dio a conocer su decisión de utilizar 920 millones de los capitales estatales para cancelar la morosidad con los funcionarios de la educación, pese a que dichas platas están orientadas a alumnos en situación de vulnerabilidad.

“Por ley dichos fondos estaban destinados a la subvención escolar preferencial que apoya a los alumnos vulnerables, a sabiendas de esto el querellado expresó en la misma publicación (de prensa) que ‘estamos ocupando este dinero para el pago de sueldos y se hace por un caso de emergencia’”, se consignó en la querella como argumento de lo anterior.

Afirma además que “esa ‘emergencia’ alude a un hecho en el cual tiene responsabilidad el propio imputado, consistente en el no pago de sueldos de los profesores de establecimientos educacionales en la que interviene la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, correspondiente al mes de septiembre de 2018”.

Asimismo, fundamenta la acción judicial que la norma resulta explicita en los destinos de los dineros de los fondos Sep: Implementación de medidas comprendidas en el plan de mejoramiento educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnica pedagójica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico.

Lineamientos que, a juicio de la parte querellante, no se habrían cumplido con la utilización de los dineros, por lo que se inició la causa judicial, solicitándose diligencias como la toma de declaración a algunos concejales, al secretario general de la corporación, al superintendente de Educación, e incluso al representante regional del Consejo de defensa del Estado, al igual que se le cite a declarar al alcalde Radonich.

El querellado

Al ser consultado Radonich sobre la materia, el edil afirmó ayer (11 de diciembre) a El Magallánico: “Si debo ir a la justicia por haber garantizado que 1.700 familias de profesores y asistentes tengan sus sueldos para poder pagar sus gastos, y 12 mil alumnos puedan continuar su complicado año y terminarlo bien, voy a ir”.

Añadió que, con la medida de disponer de los cuestionados dineros, no sólo se buscó zanjar una deuda de arrastre que se mantenía por causas judiciales de 2015, sino que se apuntó a palear la precaria situación que la educación estaba enfrentando en la comuna y prevenir una nueva paralización de profesores.

“Hubiéramos tenido una crisis terminal en la educación pública, por tanto, tal como lo hice con la superintendencia cuando me auto-denuncié, tenía clara la responsabilidad, pero conforme a derecho, me la jugué y lo volvería a hacer, para que este año complicado termine de buena forma tanto para alumnos, como para los profesores y asistentes de la educación”, concluyó el alcalde.