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Magallanes

Piden formalmente remover a José Aguilante del Concejo Municipal de Punta Arenas

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Este miércoles (24 de octubre) cuatro miembros del Concejo Municipal de Punta Arenas, entre ellos, el alcalde Claudio Radonich, solicitaron formalmente ante el Tribunal Electoral de Magallanes la remoción de su cargo del concejal (DC) José Aguilante Mansilla, aduciendo como base para la petición un supuesto abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa.

Los concejales Arturo Díaz, Vicente Karelovic y la concejala Alicia Stipicic, junto al alcalde Claudio Radonich formalizaron la petición, aduciendo por medio de un escrito que “durante el transcurso de la sesión ordinaria del Concejo Municipal N°53, de 2018, el concejal señor Arturo Díaz Valderrama, denunció eventuales pagos por prestaciones de servicios profesionales del Concejal señor José Aguilante Mansilla a establecimientos de educación dependientes de la Corporación Municipal de la cual a, a su vez, como Alcalde me corresponde el cargo de Presidente del Directorio” reza el escrito encabezado por el alcalde.

De acuerdo a los antecedentes presentados, se instruyó en el municipio y en la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) una investigación que verificó que el concejal demandado, efectivamente prestó, estando en el ejercicio de su cargo, servicios a los establecimientos educacionales: Liceo Industrial, Liceo Contardi, Escuela 18 de Septiembre, Escuela Portugal, y Escuela de Barranco Amarillo.

Añade la demanda que “teniendo en consideración que el Sr. Aguilante es productor y conductor del programa de televisión en el que han participado los establecimientos educacionales indicados anteriormente,  tal como se acreditará durante la tramitación del presente proceso y que además consta que por éstos servicios se le pagó al señor Concejal demandado las sumas que en documentos que se acompañan consignan, ya sea mediante boleta de honorarios y/o recibo de dinero”, lo que configuraría, a juicio de los recurrentes las causales de cese en el cargo de concejal,  por incurrir de forma reiterada, en conductas que expresamente contravienen el principio de probidad administrativa.

Al respecto, el concejal Díaz manifestó que “esperamos que todo se desarrolle de la mejor manera para que se aclaren los hechos (…) lo que lamento, y me hubiese encantado como lo solicité en sesión de concejo, que hubiesen estado todos los concejales presentes, ya que cuando hablamos de probidad y transparencia pienso que eso no tiene color político”.

Se estima que un proceso de este tipo podría extenderse entre 10 y 12 meses, y recién en 10 días el Tribunal Electoral podría acceder a la tramitación de la demanda.

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