Concejala llevó a Contraloría la “aparición” de 2 mil millones en el municipio

En la última sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas, realizada el pasado 17 de agosto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dio a conocer que no se habrían presentado oferentes para el leasback de propiedades municipales, situación que, una vez más, puso en una delicada situación el pago de la deuda previsional que se tiene con los docentes de la Corporación Municipal (Cormupa). Además, en la oportunidad se informó que, gracias a la auditoría externa realizada en las arcas municipales, se habrían detectado cerca de dos mil millones de pesos que podrían ser utilizados por el municipio para pagar el compromiso con los profesores, lo que debería ser votado hoy (22 de agosto) en una nueva sesión del concejo.

No obstante, dicha “aparición” de platas le “hizo ruido” a la concejala Veronica Aguilar, quien presentó un requerimiento en la Contraloría General de la República a fin de que se emita un pronunciamiento al respecto, pero no directamente por los dineros, sino que, por el desconocimiento que habría manifestado el alcalde respecto de la existencia de los dineros, fondos que, a juicio de la edil, habrían destrabado el paro de brazos caídos de los profesores, sin tener que haberse llegado a más de 60 días de paralización de actividades.

“Es necesario, por su intermedio, aclarar dicha situación, considerando que el alcalde Radonich contaba con información privilegiada con respecto a los recursos que estaban disponibles (saldo inicial de caja y fondo común municipal), los cuales no fueron utilizados para la liberación de recursos, destrabar el movimiento y detener el conflicto, ampliando artificiosamente un problema que podría haber sido solucionado con mayor celeridad”, plantea Aguilar en la presentación hecha ante el contralor regional.

Añade el escrito que el alcalde habría incurrido en una “negligencia inexcusable”, lo cual incluso podría ser constitutivo de una omisión de parte del edil. “Aun cuando sabía que se podría realizar una modificación presupuestaria, no dio cuenta al Concejo de aquello, dando como argumento que no estaba enterado, dejando de manifiesto que desconoce sus funciones al no tener claridad sobre la ejecución presupuestaria de la cual él tiene absoluta responsabilidad”, consigna el escrito.

En resumen, la solicitud de Aguilar busca que la Contraloría defina si el alcalde, de haber sabido de la existencia de los 2 mil millones, faltó a sus funciones al no informar que existían esos dineros, los que habrían sido una forma rápida de poner término a la movilización de los docentes.

Pero, además, se pide que el ente contralor se pronuncie, si es que efectivamente Radonich no sabía de esas platas antes de la auditoría, si es que dicho desconocimiento sería reprochable en su calidad de jefe comunal.

Cabe señalar que en la última sesión extraordinaria del concejo el alcalde manifestó que dichos fondos fueron “encontrados” tras los peritajes contables que realizó la empresa auditora externa que elaboró el informe respecto de los años 2015 y 2016.

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