Querella contra ex alcalde y su equipo: Auditoría reveló que faltan más de $4 mil millones

Finalmente, y tras varios anuncios, luego que se conociera el resultado de la auditoría que se realizó a los libros de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), el alcalde Claudio Radonich interpuso la mañana de este jueves (26 de julio) una querella por eventuales delitos de desviación o apropiación de fondos públicos. La acción penal pide investigar la “desaparición” de más de 4 mil millones de pesos, entre los años 2015 y 2016.

La querella va dirigida en contra de Emilio Boccazzi Campos, en su calidad de ex alcalde y ex presidente del directorio de la Cormupa; en contra de Cristina Susi Garrido, como ex secretaria general de la Corporación; Freddy Aguilar Almonacid y Manuel Parra Alarcón, quienes fueron directores de Finanzas de la Cormupa; además de todos quienes resulten responsables.

De acuerdo a los argumentos plasmados en la acción penal interpuesta en el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad, el 14 de diciembre de 2016 no se hizo una entrega formal de la situación administrativa y contable financiera de la Corporación, señalándose la existencia de una deuda preliminar de $ 4.448.648.933. “Tal cifra, al momento de asumir esta administración fue contrastada con documentación contable financiera y se determinó que no era efectiva, sino que ascendía realmente a la suma de $ 10.065.250.609”, consigna la querella.

De ahí los “forados” financieros habrían ido en aumento y apareciendo en distintas áreas, por lo que se contrató a la empresa auditora Surlatina, Grant Norton Auditora, a fin de realizar no sólo una revisión de libros, sino que derechamente, un peritaje forense contable. Todo ello, con el objeto de determinar si los ingresos recibidos – dado su origen y naturaleza – habían sido invertidos en los programas, proyectos o formaban parte de los resultados de la Corporación; si los ingresos habían sido utilizados en la ejecución de los programas, proyectos o para cubrir las necesidades operativas de la Corporación; si los gastos de acuerdo a su origen y naturaleza eran pertinentes y se imputaron a los programas y/o, proyectos respectivos; si los gastos imputados en la administración central, no incorporaban partidas asociadas a los programas; y finalmente, que se logre determinar la existencia o ausencia de transacciones inusuales.

¡Oh Sorpresa!

Fue así que la empresa externa auditó las carteras financieras de los años 2015 y 2016, y, se detectó que en el área Educación existe un saldo por pagar de $ 874.571.000 al mes de diciembre de 2016 y un saldo por pagar por la suma de $553.403.000 millones correspondiente al año 2015, según se plasmó en la página 22 del informe de auditoría. Además, en el área Salud se apreció un saldo por pagar $329.335.000 millones a diciembre de 2016 y un saldo por pagar por la suma de $1.684.635.000 millones a diciembre 2015.

Otra anomalía detectada fue respecto al Bono de Zonas Extremas, donde se observó un faltante de $108.636.000, según la página 41 del informe de auditoría.

Lo anterior, según reza el texto judicial, se habría visto facilitado por los escasos mecanismos de control con los que opera la Cormupa, carente de sistema de información para el registro de transacciones: no tiene unidad de auditoría o contralora interna; no existen manuales de procedimiento para el control interno; si bien existe un procedimiento para el pago de los días trabajados a los profesores y asistentes de la Educación, el cual establece que los directores deben enviar la asistencia en forma mensual, y su cumplimento no es controlado ni monitoreado. “En términos generales, la Corporación carece de regulación en cuanto a su estructura organizacional, tampoco cuenta con una descripción de cargos y funciones debidamente documentada en un manual”, concluye la querella.

Es dado mencionar que el informe de la empresa auditora determinó falta de dineros por una suma aproximada de $4.469.929.971, dineros que a juicio del querellante habrían sido o apropiados o desviados de sus fines originales, hechos en los que los querellados tendrían responsabilidad, dada sus atribuciones, a velar por el correcto uso de los dineros de la Corporación.

Finalmente, la acción penal no sólo pide que se investiguen los posibles delitos, sino que además se dé una instrucción especial para que la PDI realice una indagación a la red de socios o familiares de los querellados.

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