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Magallanes

Imputan responsabilidad a cuidador de casa de reposo por muerte de abuela quemada

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A 16 meses de la muerte de María Cristina Callahan Alvarez, de 71 años, la Fiscalía de Punta Arenas llevó, la mañana de este jueves (8 de febrero), ante la justicia al asistente de cuidados de la Casa de Reposo Virgen María, hogar de adultos mayores en donde la abuela sufrió graves quemaduras con agua caliente, heridas que a la larga derivaron en su fallecimiento. El Ministerio Público formalizó investigación por un cuasidelito de lesiones graves con resultado de muerte.

Al Juzgado de Garantía de Punta Arenas llegó esta mañana C.A.E.R., de 22 años, quien trabaja en el hogar referido. De acuerdo a los antecedentes expuestos en audiencia por la fiscal (s) Loreto Díaz, el 16 de septiembre del año 2016, el imputado habría trasladado a la mujer al baño de la residencia para un aseo rutinario, sin prever que, dada su condición, la temperatura del agua era un tema relevante a considerar, siendo puesta bajo la ducha caliente, lo que provocó quemaduras en diferentes del cuerpo de la paciente.

Sin embargo, la imputación no quedó ahí, dado que en un “actuar negligente”, el imputado no habría dado los cuidados pertinentes a las lesiones, ni habría informado a quien correspondía lo sucedido, agudizándose las heridas en la abuela, mujer que sufría demencia senil y ceguera.

Fue sólo hasta el 28 de septiembre de ese mismo año que fue internada en el Hospital Clínico de Magallanes, luego que un equipo del consultorio Mateo Bencur, que llegó al hogar ubicado en calle Covadonga 66, en el Barrio Prat, se diera cuenta de las lesiones que tenía en su cuerpo, y la gravedad de estas, siendo ellos los que gestionaron el traslado de la paciente al centro médico.

Pese a dicha intervención, el 12 de octubre de 2016, y producto de una infección generalizada en las quemaduras que presentaba en un 50% de la superficie corporal, la abuela murió en el recinto hospitalario.

Con todo lo anterior, la Fiscalía determinó imputar los cargos sobre C.A.E.R., quien, por disposición del magistrado Juan Enrique Olivares, no podrá abandonar la región, al menos durante el tiempo indagatorio, para lo que se fijó un plazo de 60 días.

Cabe señalar que el imputado durante la audiencia prefirió no hacer uso de la palabra.

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