Joven indonesia declaró ante la Fiscalía por supuesto caso de explotación laboral

Un nuevo capítulo se vivió este miércoles (27 de septiembre) respecto del caso que estalló el pasado lunes cuando una ciudadana indonesia se presentó ante la PDI afirmando haber escapado de una casa de la familia Nandwani, donde habría permanecido prestando labores domésticas sin recibir salario y con su documentación retenida. La mujer entregó, en compañía de un traductor, su versión de los hechos a la fiscal que está conduciendo la causa.

Situaciones que, para quien lo ve desde afuera, parecieran dejar en evidencia que no existe una comunicación del todo fluida entre las instituciones, fue lo que debió enfrentar F.M.K. de 30 años, la ciudadana asiática que está denunciando un supuesto caso de “trata” y explotación laboral, quien prestó declaración ante la fiscal Wendoline Acuña por casi tres horas.

A esa misma hora, afuera del edificio en el que la denunciante entregaba su versión de los hechos, el abogado Juan Carlos Rebolledo (quien ha participado en otras causas relacionadas a la materia de la trata de personas, como defensor y como querellante), aguardaba junto a la familia que ha apoyado a F.M.K. desde su escape, para asumir la representación legal de la ciudadana extranjera, no obstante no pudo concretar dicho trámite, ya que la mujer indonesia estaba siendo ya entrevistada, en compañía de la abogada del Centro de Atención de Víctimas Natacha Oyarzún, la que no pudo quedarse a todo el trámite, ya que participaba de un juicio oral.

Al mismo tiempo, en el Centro de Justicia, el abogado de la familia Nandwani, Marcos Ibacache, rectificaba sus dichos del día anterior, en los que aseguró que sólo hace algunas semanas había llegado la joven a Chile, palabras que fueron desvirtuadas con los registros migratorios, que dieron cuenta que de verdad en abril había llegado. Eso sí, mantuvo sus afirmaciones descartando que F.M.K. trabajara para sus representados, indicando que ella llegó a nuestro país con pasaje de ida y vuelta comprados, y que le correspondía viajar en algunas semanas, y que incluso se quedaba en una pieza de alojados del caserón de sus representados.

Volviendo a la Fiscalía, Rebolledo se manifestó indignado ya que no se le autorizó el ingreso para asesorar a la joven, pero insistió en que, de ser esa la voluntad de la denunciante, él está dispuesto a iniciar las acciones legales ante la justicia por medio de una querella. “Estamos ante un caso que a todas luces es de trata”, afirmó el profesional letrado.

¿Quién se hace responsable?

Según la abogada Natasha Oyarzún, quien declinó referirse al caso en particular, los protocolos establecidos en la denominada “mesa de trata” se activaron apropiadamente, aunque al ser consultada si estaban al tanto de este caso previo a que la joven escapara, evitó emitir comentario.

Lo anterior, considerando que la idea de colegiado multisectorial es trabajar en conjunto en protección a la víctima, tema que a vista del común ciudadano, no se estaría dando, ya que la Fiscalía hacía semanas que había iniciado de oficio una investigación, y la red de apoyo no tenía conocimiento hasta que la joven escapó y fue difundido esto por los medios de comunicación.

Por lo anterior, llamó la atención que Oyarzún apuntara una supuesta responsabilidad de parte de los medios en torno al tema, aludiendo una supuesta re-victimización de la denunciante; pese a que fue a través de la prensa que se difundió su escape y su denuncia, dándole peso al caso dada la gravedad que reviste y la relevancia de los involucrados, y permitiendo que la joven pudiera acceder a alguna red de apoyo externa.

Ahora, si hablamos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), si bien el primer día se manifestó desde la institución estar en conocimiento de la situación y ofrecieron el apoyo a la joven extranjera, lo cierto es que no se ha materializado un acercamiento con la denunciante o una acción concreta a su favor, aparentemente impedidos por la norma legal vigente, a menos que otro organismo lo solicite. Sermaeg también está considerado en los diálogos multisectoriales sobre estos casos.

Es propio consignar que en la Gobernación Provincial de Magallanes también se conocía del tema, al igual que en la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los cuales hasta este minuto no parecen haber tomado algún rol en el caso.

Por el momento, continúan vigentes las medidas de protección dispuestas en favor de la víctima por el Ministerio Público, la que permanece alojada en un albergue de la ciudad mientras se defina su situación, dependiendo ahora de la Fiscalía las acciones a seguir.

Finalmente, Boris Miranda, esposo de una de las ciudadanas indonesias que en 2010 vivieron una situación similar, y quien junto con su esposa están acompañando a la joven denunciante, afirmó que F.M.K. salió muy agobiada de la diligencia del Ministerio Público, que está asustada, y que no entiende que es lo que está pasando, o por qué está firmando documentación que ella preferiría no firmar.

Nicolás Ulloa García