El abogado José Miguel Salas inició la acción penal.

Interponen querella por injurias contra dirigentas de Gendarmería

El mediodía de este lunes (28 de agosto) se interpuso una querella por injurias graves con publicidad contra dos dirigentas gremiales de Gendarmería, quienes habrían aludido al ex director subrogante a nivel regional de la institución, teniente coronel Dan Toro y a su esposa, Tania Reyes Coronado; dado que habrían sugerido que la profesional habría logrado un aumento de grado dada la jefatura temporal que su esposo mantenía. La acción está dirigida contra la presidenta nacional de la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), Viviana Camilo, y la presidenta regional Daniela Oyarzún.

El escrito presentado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, recuerda que ambas representantes de los funcionarios civiles declararon a principios de agosto que la querellante habría tenido una suerte de “trato preferencial” para obtener el grado que hoy mantiene, a diferencia de lo que la mayoría de los empleados debe enfrentar.

Cuestión que desmiente categóricamente el abogado José Miguel Salas, representante del oficial y su esposa, quien manifestó que las declaraciones resultan gravemente injuriosas, dado que el beneficio otorgado a Reyes obedece exclusivamente a una situación traumática que le tocó enfrentar en 2013, mientras cumplía sus funciones como trabajadora social en el penal Colina II.

Sobre el sustento de la querella -explicó el letrado- “es producto de los dichos emitidos ante La Prensa Austral y el diario El Magallánico, donde acusan a mis representados de ciertas actitudes que faltan a la probidad, así como también al hecho de que supuestamente doña Tania había aprovechado la calidad de director regional subrogante del señor Toro para recibir un aumento de grado, cuestión que es completamente falsa como se acreditará en este proceso”, afirmó.

La acción judicial alude penas de 3 años de reclusión, además de la suspensión de cargos y oficios públicos , sumado a la solicitud multas que podrían alcanzar las 150 UTM (cerca de 7 millones de pesos), según detalló el abogado.

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