Foto: Agencia Surpress

Crisis en la Cormupa: Demandantes nos pospondrán el cobro de subvención educacional

Una rápida y tajante respuesta al alcalde y al Concejo Municipal, dieron a conocer esta tarde (27 de septiembre) los abogados que representan a los profesores que fueron aludidos por los ediles, cuando se les pidió posponer la retención de la subvención educacional para el pago de la millonaria deuda que tienen con ellos. En un comunicado de prensa, los letrados afirman que “resulta injusto pretender exigir a trabajadores que sean más flexibles al cobrar parte de sus sueldos impagas por años”.

Comienza el texto consignando: “Como abogados patrocinantes de los 370 profesores demandantes, y a propósito de la solicitud de posponer la retención de la subvención educacional formulada por el Concejo Municipal de Punta Arenas, como también de las informaciones aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación regional, estimamos necesario comunicar que la demanda que da origen a la deuda de $4.029.087.585 fue interpuesta en febrero de 2015 por 370 profesores en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, como trabajadores de dicha entidad, por lo que no corresponde endosar responsabilidad en ella a ninguna organización sindical o gremial”, precisando que no es el Colegio de Profesores o el Sindicato de Profesores de la Corporación quien está detrás de la acción de cobranza laboral.

Precisa que es en dicha calidad de trabajadores que los demandantes, en justo ejercicio de sus derechos, están cobrando remuneraciones que se les adeudan desde al menos el año 2010. “Resulta injusto pretender exigir a trabajadores que sean más flexibles al cobrar parte de sus sueldos impagos por años. Especialmente, si entre los demandantes existen ya 2 profesores fallecidos que no alcanzaron a recibir sus pagos, en tanto que otros 106 son jubilados”.

No obstante, lo delicado del tema, y poniendo en jaque algunos dichos de los miembros del concejo, que ludían desconocimiento o una situación no predecible en el tiempo, el comunicado afirma que “no es efectivo que la retención haya sido sorpresiva para la Municipalidad de Punta Arenas, puesto que, al asumir la actual administración, la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo que ordenó el pago ya se encontraba ejecutoriada y no era susceptible de ningún recurso. Refrenda lo anterior el hecho que estos abogados hayan intentado el cobro de la deuda por otros medios, incluido el embargo de 11 cuentas corrientes de la Corporación Municipal, a las que no ingresaron más recursos una vez que se solicitó dicha medida”.

Asimismo, la posición de los abogados, aludidos por el alcalde Radonich durante la sesión del concejo de este miércoles, señala que la actual administración municipal, pronta a cumplir 2 años, nunca habría tomado contacto con la parte demandante para buscar solución colaborativa al conflicto. “Sólo en los últimos días de agosto se nos realizó por la Corporación Municipal una propuesta de pago, que implicaba a los docentes esperar 5 años más para lograr el pago, la que fue rechazada por éstos en asamblea ampliada. Y no fue sino hasta el ayer (miércoles 26 de septiembre) que se nos solicitó por el Concejo Municipal dejar sin efecto la retención, a fin de asegurar el pago de las remuneraciones de los trabajadores de la Corporación Municipal de Punta Arenas y la continuidad del servicio educacional, ambas cuestiones de las que ni los docentes demandantes ni sus abogados somos responsables”.

Finalmente, el documento, firmado por los abogados Guillermo Soto y Karina Mancilla, subraya que han decidido no dejar sin efecto la retención de la subvención del mes de septiembre “puesto que además de tratarse de una orden judicial, confiamos en que los responsables del Gobierno y gestión de la educación municipal serán capaces de encontrar una solución que no implique perjudicar los legítimos derechos de los profesores”.

Con la decisión tomada, se le pone cuesta arriba la situación de normalización de los pagos a la Corporación, después de diferentes esfuerzos que se han hecho y traspaso de fondos del municipio, para sacar a flote al alicaído estamento.

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