Fiscalía cerró causa por compra de terrenos a familiares de los diputados Morano y Boric

Con total cobertura mediática, el 5 de noviembre de 2015, la abogada Paola González, representada por el también abogado Mario Zumalzú, interponían una querella contra quienes resulten responsables, por un supuesto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, a más de dos años de iniciada esa acción penal, el Ministerio Público cerró el caso tras la investigación, al no encontrarse antecedente que permitiera acreditar que se cometiera algún delito.

El pasado 8 de junio, y sin la misma relevancia mediática que se le dio al tema en su momento, en una audiencia pública que se realizó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se comunicó la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, la que en definitiva se había cerrado, administrativamente, en marzo pasado.

En rigor, la solicitud de audiencia del Ministerio Público para estos efectos señaló: “Se cierra investigación desformalizada en esta causa, ya individualizada, debido a que ya fueron practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores”, dando cuenta que se agotaron las diligencias para verificar o no la existencia de un acto contrario a la ley.

Cabe recordar que esta causa se inició luego que la abogada González, como una ciudadana más de la comunidad, según afirmó en la oportunidad, viera la necesidad de tomar acciones ante un acto que le parecía, a lo menos, cuestionable.

El abogado Zumalzú dijo a los medios: “Por el delito de negociación incompatible contra quienes resulten responsables, pero dirigida a investigar a los miembros del Consejo Regional (Core) que habrían efectuado supuestas presiones, se interpondrá esta querella”, aludiendo a que se habrían aprobado fondos del Gobierno Regional para la compra de un terreno en que dos de sus propietarios eran parientes de los diputados magallánicos, Juan Morano Cornejo y Gabriel Boric Font.

Lo cuestionable del tema, según se plasmó en la acción penal era que se aprobaron 1.140 millones de pesos por el predio, por el cual -según afirmó la parte querellante-, el Servicio de Impuestos Internos tazó en 3,7 millones de pesos.

Es dado señalar también que, al momento de sancionar la aprobación de los fondos para esta compra, una polémica se generó en la sesión del Core de la época, con opiniones cruzada y acusaciones de amenazas y presiones políticas de parte de las ex consejeras Patricia Vargas y Antonieta Oyarzo.

A raíz de lo anterior, y en el marco de la investigación ahora cerrada por la Fiscalía, varios miembros del colegiado debieron testificar en la causa.

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