Querella por estafa: “Jugaron con el anhelo de las personas de llegar a tener su casa propia”

Pesar manifestó en sus palabras el abogado Ramón Ibáñez, quien encabeza la acción judicial que iniciaron las 173 familias que, hasta ahora, se están sumando a la querella colectiva presentada en contra de dos mujeres, quienes aparecen como las responsables de que el “sueño de la casa propia” se les desmoronara a los miembros de la agrupación de vivienda Keren Hapuc de Punta Arenas.

En contra de M.E.L.O., presidenta de la agrupación, y su madre, A.B.P.L., supuesta asesora externa, y en contra de quien resulte responsable, fue que se presentó la querella que el abogado junto a un grupo de afectados, interpusieron ayer (14 de junio) en el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad, ya que, a juicio del letrado, las querelladas habrían cometido dos ilícitos, la apropiación indebida de fondos y estafa residual.

“Estas dos personas abusaron de la credulidad, de la buena fe y la falta de conocimientos de mis representados y de muchas personas más”, afirma el escrito presentado Ibáñez.

Alude, entre otros puntos la acción penal que, las querelladas habrían solicitado un cobro inicial para “gestiones”, cuestión que por normativa estaría permitido, ya que en derecho se establece que los gastos que deben absorber los socios son reducidos, y completamente extraordinarios, tales como derechos notariales, derechos del Conservador de Bienes Raíces, entre otros.

“La querellada A.B.P.L. se hacía un sueldo de más de un millón de pesos con la plata de los afectados”, afirmó el abogado.

A mayor abundamiento, detalla la querella que en 2015 se adquirió un terreno, en nombre de la agrupación, por más de 419 millones de pesos, no obstante, dicho predio no sería apto para para construir, por lo que no serviría como solución habitacional.

Finalmente, consigna el escrito que, en total, el fraude superaría los 509 millones de pesos, cifra que podría incrementarse de sumarse nuevos querellantes a la acción colectiva, iniciativa judicial que, según precisó Ibáñez, pretende perseguir penalmente a las querelladas, las que habrían obrado de manera dolosa y con ánimo de perjudicar a sus representados.