Defensor penal de adolescentes, Richard Maldonado

Corte Suprema anuló juicio aludiendo irregularidad en actuar de la Fiscalía

Richard Maldonado, defensor penal de adolescentes, informó que la sala penal de la Corte Suprema, resolvió acoger el recurso de nulidad deducido a favor de su representado, el menor  de iniciales  D.V.A., e invalidó la sentencia pronunciada el pasado 4 de agosto, fallo condenó al acusado a cumplir la sanción de internación en régimen semicerrado por dos años, como autor del delito de homicidio simple frustrado, hecho ocurrido en Punta Arenas el 19 de julio del año 2016.

Explicó Maldonado que “se presentó el recurso ante la suprema por cuanto la prueba de cargo llevada a juicio por la Fiscalía estaba contaminada, ya que el fiscal de la causa durante el desarrollo del juicio, el día 26 de julio pasado, se reunió con la víctima y dos testigos en la Fiscalía para preparar sus interrogatorios posteriores, comunicándose después telefónicamente con otra testigo, quien declararía en la modalidad de video conferencia”.

“Dicha actuación -añadió el defensor- infringe lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal por ser atentatoria contra el debido proceso. Lo anterior fue, incluso, evidenciado ante a los jueces del tribunal, en el mismo juicio, sin embargo, rechazaron dichas alegaciones”, afirmó.

Agrega el abogado que entre los considerandos relevantes que consigna el fallo de la suprema se consignó que: “Que conforme lo expresado, resulta que en la especie el fiscal se extralimitó en su actuación en juicio, pues, a diferencia de lo que razonan los jueces de instancia, fue él quien propició la reunión con los tres testigos en dependencias del Ministerio Público, luego de iniciado el juicio oral y habiendo prestado testimonios otras personas, oportunidad en la que se analizaron los hechos fundantes de la acusación, sin reparar en la regla establecida en el artículo 329 inciso sexto del Código Procesal Penal, que precisamente tiene por finalidad impedir la influencia de otros testigos o de terceros en los deponentes y, en consecuencia, el riesgo de afectar el contenido de sus declaraciones, especialmente considerando que ya se había iniciado el juicio oral y que se entrevistó en forma conjunta con los tres testigos (…) Que, en consecuencia, el propio actuar del agente estatal, en las circunstancias aludidas y que se dejaron sentadas en el motivo séptimo, transgredió la regla mencionada, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador”.

A su vez en el 13ª consideración se expresa: “Que lo anterior no importa una obtención de los testimonios de las tres personas indicadas en forma ilegal, sino que, durante el transcurso del juicio oral, se devino en ilegal, precisamente por la actuación del fiscal, por lo que no deben ser excluidos de un próximo juicio oral, debiendo el Ministerio Público tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma del artículo 329 inciso sexto del Código Procesal Penal”.

En términos sencillos, lo obrado por el fiscal, de acuerdo al pronunciamiento del máximo tribunal, fue contra las leyes, por lo que se anuló el fallo condenatorio, y el juicio deberá realizarse una vez más, previniendo ahora la Fiscalía, que no se incurra nuevamente en las prácticas cuestionadas.

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