Abogado Ramón Ibáñez: “Es el caso (IPS) más evidente de vulneración de derechos que hemos visto”

Una sanción que da una luz de esperanza a todos los trabajadores, especialmente a los que dependen de organismos estatales, fue la que dictó la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tribunal que ordenó al Instituto de Previsión Social (IPS) indemnizar al ex coordinador regional de Administración y Finanzas del organismo, Reinaldo Álvarez Cárcamo, por la vulneración de garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y síquica, cometidas entre 2015 y 2016.

“Éste es el caso más evidente de vulneración de derechos fundamentales que hemos visto”, afirmó el abogado demandante, Ramón Ibáñez, quien llevó adelante la representación de Álvarez Cárcamo, funcionario que durante sus años de trabajo siempre tuvo un desempeño destacado, llegando a convertirse en mano derecha de la antigua directora regional del organismo.

Cuando ella fue removida de su cargo, fue él quien fue nombrado como subrogante desde Santiago, en calidad de interino, lo cual se extendió hasta que asumiera la actual directora, Verónica Leiva Seguel. “Desde que ingresa la actual directora, comienzan los malos tratos hacia mi representado. De partida, él tenía una oficina con una secretaria y fue despojado de esta oficina, donde pusieron a dos personas que eran de confianza de la actual directora, las cuales no reunían las competencias técnicas para ocupar ese cargo, y a mi representado lo enviaron a cumplir funciones de atención de público. Frente a esta situación y el menoscabo constante – porque habían malos tratos, abusos de silencio, portazos en la cara, no se atendían las consultas de él – (…) obviamente él se vio superado y presentó licencias médicas siquiátricas producto del estrés laboral y la presión que estaba realizando la directora. Con posterioridad solicitó sus vacaciones, y cuando retornó a prestar servicios lo dejaron en atención de público, pero esta vez, de pie entregando números. Luego de esta seguidilla de hechos, lo único que le quedaba a la directora era desvincularlo”, explicó el abogado.

Si bien el tribunal de primera instancia dictó una sentencia menor, Ibáñez recurrió a la Corte de Apelaciones, logrando que se dictara la máxima sanción: 11 meses de remuneraciones, equivalente a $22.146.631 (veintidós millones ciento cuarenta seis mil seiscientos treinta y un pesos), en indemnizaciones con costas de la causa y sumado al hecho de que deba pedirse las disculpas por un medio escrito al funcionario afectado. “Esta sentencia es sumamente importante, porque viene a ratificar que los trabajadores dependientes del Estado, ya sean de servicios públicos, del ejército, de entidades que prestan servicios para el Estado, se encuentran en un plano de igualdad a los empleados del sector privado, toda vez que el empleador está obligado a resguardar los derechos fundamentales de todo trabajador. Toda persona que se vea menoscabada frente a un empleador, puede acudir al Tribunal Laboral y éste va a ser competente”, afirmó el profesional.

Ibáñez destacó y agradeció también la colaboración de los funcionarios del IPS, colegas de Reinaldo Álvarez, quienes tuvieron la valentía de testificar a favor de su compañero. “Hay que agradecer la amabilidad que tuvieron ellos, la transparencia y el apoyo hacia su compañero de poder declarar, porque hay personas que siguen prestando servicios ahí y que evidentemente para ellos no ha sido fácil en la actualidad”, puntualizó.

 

 

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